9:18 a.m. - El ex presidente de la República Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) y otras 14 personas comparecieron hoy, lunes 11 de abril, a la audiencia preliminar del caso en el que se les procesa por blanqueo de capitales en el Juzgado Noveno Penal.
A su llegada al Juzgado Noveno Penal, Pérez Balladares volvió a defenderse de los señalamientos que se han hecho en su contra. En declaraciones a los medios locales que se encontraban en el lugar, el ex presidente panameño afirmó que le tocará al juez determinar quién dijo la verdad y quien inventó las cosas.
Hasta las 8:31 a.m. solo habían llegado al recinto el ex presidente Pérez Balladares y los imputados Rómulo Abad (secretario privado del ex presidente durante su gobierno), Enrique Pretelt (yerno) y Roosvelt Lito Thayer Galindo (ex ministro de Vivienda).
Por su parte, Luis Carlos Cabezas, del equipo de abogados del ex presidente, reclamó que exista un proceso imparcial. Aquí no hay delito de blanqueo de capitales, indicó el abogado, quien además insistió en que limpiará el nombre tanto de su cliente como de los otros 14 ciudadanos vinculados con el caso.
Al juzgado también se apersonaron -desde las 8:00 a.m.- figuras del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), entre ellos Francisco Sánchez Cárdenas (presidente), Mitchell Doens (secretario general), Balbina Herrera (ex candidata presidencial), Javier Martínez Acha, Priscila Valenzuela, Reynaldo Rivera y Anel Bolo Flores.
Tras conformar un comité de apoyo al ex presidente panameño, el grupo pidió un juicio imparcial y apolítico. También solicitaron al presidente de la República, Ricardo Martinelli, sacar las manos de la justicia.
En declaraciones a TVN Canal 2, Rivera (ex ministro de Trabajo) denunció que Pérez Balladares es un perseguido político. Dijo que este caso proviene de un terrorismo judicial contra quienes adversan al actual Gobierno.
El caso contra Pérez Balladares y las otras 14 personas tiene que ver un proceso por blanqueo de capitales tras supuestamente recibir y tramitar dinero unos 20 millones de dólares sin justificar, procedente de una empresa que administraba salas de máquinas tragamonedas.
El fiscal especializado contra la Delincuencia Organizada, Marcelino Aguilar, solicitó el encausamiento criminal contra Pérez Balladares y 11 de los 14 imputados, así como el sobreseimiento provisional de la causa para otros tres.
A su juicio, estas personas no pudieron justificar las sumas de dinero que recibieron de la empresa Shelf Holding Inc. y de otras cuatro sociedades, recursos procedentes de Lucky Games.
Esta última empresa recibió una concesión directa para administrar salas de máquinas tragamonedas durante el gobierno de Pérez Balladares.