Nicolás Corcione Pérez-Balladares, directivo de la Autoridad del Canal de Panamá (AC P), comunicó su decisión de abstenerse temporalmente de participar en la toma de decisiones de la junta de esa corporación hasta tanto la investigación judicial que le sigue el Ministerio Público se resuelva y su defensa “pruebe su inocencia”.
La medida fue dada a conocer mediante una carta enviada, el pasado 16 de agosto, al presidente de la junta directiva de la ACP, Roberto Roy.
El pasado 19 de agosto, la directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Angélica Maytín, instó por segunda ocasión a Roy a que tomara las medidas para separar a Corcione Pérez-Balladares, a quien se le sigue una investigación en el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, relacionado con las cuentas vinculadas al exmagistrado Alejandro Moncada Luna. La primera solicitud Maytín se la dirigió a Roy el lunes 10 de agosto.
COMUNICA DECISIÓN
En su misiva Corcione Pérez-Balladares comunicó a Roy que se presentará personalmente ante las entidades para cooperar con las investigaciones, entregar pruebas adicionales y rendir su testimonio para que luego su defensa pueda probar su inocencia en derecho.
“He tomado la decisión de abstenerme temporalmente de participar de la toma de decisiones de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, hasta tanto toda esta investigación judicial se resuelva y mi defensa pueda probar mi inocencia en derecho”, destaca Corcione Pérez-Balladares en la carta.
Recibida la nota, Roy le comunicó a Corcione Pérez-Balladares ayer en otra misiva que la directiva tomará las medidas administrativas correspondientes a su planteamiento de abstenerse de participar en la toma de decisiones (ver carta).
En la misma nota, Roy le indica a Corcione Pérez-Balladares que dicha abstención es aplicable en el sentido de que “usted no participará en ninguna reunión, recibo de documentación, decisiones o actividades de ninguna naturaleza que correspondan a esta junta directiva”.
La decisión tendrá vigencia a partir de la fecha y mientras duren las investigaciones judiciales, acotó Roy, quien además comunicó a la directora de la Antai, la posición asumida por Corcione Pérez-Balladares.
Tras conocer lo decidido por Corcione Pérez-Balladares, Maytín dijo estar complacida por esta medida. “Esperemos retorne al país en los próximos días, tal cual como se comprometió en su carta”, destacó.
Manifestó que aún queda pendiente que la junta directiva de la ACP se reúna para examinar su reglamento interno y el reglamento de ética y conducta, y percatarse del vacío legal que detectamos, ya que no contiene sanciones para los miembros de la junta directiva por infringir el Código de Ética.
“Esto debe corregirse”, advirtió la funcionaria.
Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), manifestó que esperaban que Corcione Pérez-Balladares renunciara al cargo. No obstante, señaló que la decisión de enfrentar las investigaciones es un paso positivo, porque el asunto es que cada vez que se mencionaba su supuesta vinculación con el caso, la imagen del Canal era la que se afectaba en un momento muy importante, como lo es la etapa final de la ampliación de la vía acuática.
En tanto, Sandra Escorcia consideró que la directiva de la ACP debió separar a Corcione Pérez-Balladares. “La institucionalidad no solo depende de la ley, sino de lo moral y lo correcto”, indicó.
El empresario fue llamado a indagatoria por el fiscal contra la Delincuencia Organizada Nahaniel Murgas en dos ocasiones, desde el pasado 29 de julio. La primera vez se ausentó con la excusa de que estaba de “viaje familiar”.
En la segunda no compareció alegando que él debe ser investigado por la Corte, bajo el sistema penal acusatorio, dada su condición de directivo de la ACP.
En el expediente que instruye el fiscal Murgas, el empresario Jorge Espino, de Conceptos y Espacios, que obtuvo un contrato de $8.9 millones para remodelar el Tribunal Marítimo, reveló que Corcione Pérez-Balladares le pidió una coima de $400 mil a cambio de obtener el contrato que se ejecutó cuando Moncada Luna presidía la Corte.