Saúl Alexis Rosales tenía 23 años de edad y trabajaba en una empresa de telecomunicaciones. Su vida era normal, pero la mañana del 23 de febrero de 2012 recibió dos disparos de parte de criminales que le robaron su carro en Monte Oscuro, en la capital.
Murió en un lava autos donde se encontraban varios clientes y trabajadores. Pese a que había personas que podían identificar a los asesinos, el Ministerio Público debió solicitar un sobreseimiento, ya que ninguno de los que presenció el hecho quiso comparecer para dar testimonio.
Según la fiscal primera superior, Geomara Guerra de Jones, esta es la realidad en casos de este tipo. Su argumento lo acompaña con una cifra: el 60% de los casos de homicidio queda sin condena, por lo que solo el 40% de los casos de homicidio tramitados por las fiscalías superiores llega a una sentencia condenatoria.
La funcionaria de instrucción alegó que entre los factores que inciden en este tema, resalta el hecho de que los homicidios, en su gran mayoría, están relacionados con pandillas o el crimen organizado.
Incluso, aseguró la funcionaria, la incorporación de la figura del testigo protegido, en la que se preserva la identidad de la persona que aporta información sobre la comisión de un acto delictivo, no ha logrado vencer la resistencia de los ciudadanos para aportar datos que incidan en la condena de un homicida.Al mismo tiempo detalló que la falta de insumos y peritos calificados para hacer pruebas científicas que vinculen a los sospechosos con un delito es otra de las causas de la falta de efectividad en los procesos judiciales.
Jurados con temor
En ese sentido, un magistrado del Segundo Tribunal de Justicia, que solicitó la reserva de su identidad por razones de seguridad, aseguró que la falta de equipos en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelfc) y la ausencia de peritos calificados dificultan la instrucción de los sumarios.El magistrado también detalló que entre el 75% y el 80% de los casos tramitados en el Segundo Tribunal de Justicia están relacionados con el crimen organizado o están ligados a actos de pandillerismo.
Agrega que en muchos casos, especialmente si están vinculados a la delincuencia organizada, los jurados de conciencia se sienten intimidados. Y es que en las audiencias, por lo general, están presentes familiares o amigos del acusado público, lo que genera temor en los jurados.
La fuente dijo que los casos son “reiterativos” y, por el momento, no existen alternativas para subsanarlos.
A ello hay que agregar el hecho de que muchas veces no se logra recoger suficiente evidencia de los sospechosos para vincularlos con el crimen.
Falta de recursos
El director del Imelfc, Humberto Mas, reconoció que esa institución ha sufrido grandes recortes presupuestarios en los últimos años, lo que dificulta la labor de los peritos de criminalística, forenses, psicólogos y psiquiatras encargados del análisis de las evidencias.
Detalló que para 2015 solo se les otorgó un presupueto de 30 millones de dólares, 23 millones menos de lo que realmente necesitan. Ello, dijo, generó un “éxodo” de peritos. Pese a ello, según Mas, se hacen las pruebas científicas dentro de las investigaciones y con la participación de los peritos en los juicios.De acuerdo con el forense, con la llegada del sistema penal acusatorio las pruebas científicas serán fundamentales en los procesos de homicidio para lograr la vinculación y la formulación de cargos.
En tanto, el Observatorio de Seguridad Ciudadana (OSC) de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, informó que si bien no se ha realizado un estudio que identifique los factores relacionados con la impunidad, se puede decir que la omisión de las víctimas en la presentación de las denuncias contribuye al fenómeno.
En este sentido, un estudio sobre victimización y percepción social de 2014 reportó que 65% de las víctimas no denuncian el delito. De ello, el 22% contestó que no denuncia porque no confía en las autoridades.
Los fiscales
En tanto, Carlos Herrera Morán, miembro del Colegio Nacional de Abogados, aseveró que la impunidad en los casos de homicidio en muchas ocasiones obedece a la falta de preparación de los fiscales. Morán opinó que en algunos casos la mala instrucción de los expedientes y la falta de pericia de algunos funcionarios es un factor que favorece la impunidad.
Agregó que en ocasiones los fiscales no asisten a las audiencias y envían a los asistentes. “Hay una enorme deficiencia en la recolección de evidencias por parte de los funcionarios de la Dirección de Investigación Judicial y allí se pierden muchas evidencias vitales para resolver un caso”, afirmó.
También detalló que es necesario tener una policía científica para enfrentar el reto que plantean los casos violencia extrema.
Los números
Según estadísticas recientes del Ministerio Público, en lo que va del año se han registrado 158 homicidios en todo el país, 48 menos de los cometidos en el mismo período de 2014.
Las cifras destacan que el 95% de estos hechos de sangre se comete con armas de fuego y el resto con arma blanca y otros objetos punzocortantes.De acuerdo con las fiscales, la mayoría de estos crímenes está relacionada con venganzas, disputas por drogas y rencillas entre pandillas rivales que se pelean el control de territorios para la venta de estupefacientes.
