El exgobernador de Coclé y exdirectivo de la empresa Petaquilla Richard Fifer, entregado por autoridades de Colombia a Panamá por mantener una alerta roja por el delito de estafa, será trasladado este sábado, 27 de febrero, a Penonomé para ser sometido a tres audiencias dentro Sistema Penal Acusatorio por el delito de retención ilegal de cuotas obrero patronales.
Este viernes Fifer fue llevado a las fiscalías primera y sexta anticorrupción que tramitan estos expedientes de retención de cuotas para notificarlo de los cargos.
Luego fue llevado a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) para garantizar su traslado este sábado hacia Penonomé, en donde enfrentará audiencias de legalización de aprehensión, imputación de cargos y para fijarle medidas cautelares.
Mientras que el Juzgado Decimotercero que tramita el proceso por el delito de estafa deberá fijar una fecha de audiencia preliminar, luego que el fiscal decimosexto en su vista fiscal remitida al tribunal la última semana de enero solicitara su llamamiento a juicio por el delito de estafa agravada en perjuicio de la empresa Gold Dragon Capital.
Por este caso el fiscal Barrios ordenó la difusión de una alerta roja a través de Interpol, luego que Fifer no compareciera a la citaciones para cumplir las indagatorias ordenadas por ese despacho.
El abogado Ernesto Zappi, quien presentó la denuncia por estafa contra Fifer y el canadiense Kenneth William Morgan, aseguró que en este caso por tratarse de una estafa por un millón de dólares en perjuicio de Gold Dragon Capital es considerada como agravada y por ello se le debe mantener la detención preventiva.
En este caso detalló al Código Penal fija pena de cinco años de prisión por el delito de estafa agravada, por lo que aplica la detención preventiva.
Zappi alegó que las autoridades de policía deben notificar al Juzgado Decimotercero de la captura de Fifer, para que ese despacho disponga las medidas cautelares aplicables.
Por su parte el abogado Carlos Augusto Herrera, del equipo defensor de Fifer, aseguró que su cliente se entregó voluntariamente y que está dispuesto a comparecer al proceso.
Herrera consideró que el empresario debe ser puesto en libertad, ya que los delitos imputados no ameritan detención preventiva.
Consideró que luego de las audiencias a celebrarse en Penonomé el Juez de Garantías debe otorgarle su libertad, ya que no hay causales de detención en estos expedientes.
