El fiscal general de Cuentas, Guido Rodríguez, pidió este jueves 29 de octubre al contralor general de la República, Federico Humbert, practicar una auditoría al contrato de consultoría suscrito el 9 de noviembre de 2012 por la Secretaría Nacional de Ciencias y Tecnología (Senacyt), para un programa dirigido a seleccionar un método de posibles zonas de exploración de agua potable en el interior del país.
De acuerdo con la denuncia realizada por Jorge Motta, secretario nacional de la Senacyt, y remitida a la Fiscalía de Cuentas, existe una serie de irregularidades en el estudio, entre estas faltas al proceso de contratación de la Ley No. 22 de 2006.
Además, no cuenta con refrendo de la Contraloría General de la República y un supuesto plagio, lo que puede resultar en una lesión patrimonial en contra del Estado por 250 mil dólares.
Motta indicó que al revisar los textos de los informes se descubrió la existencia de una investigación realizada anteriormente por Alberto Caballero, panameño, investigador en el área de ciencias geológicas, y que fue auspiciada, financiada y gestionada por la Dirección de Investigación y Desarrollo de la Senacyt y el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos en 2009.
Destacó la denuncia que el contratista, quien presentó copia fraudulenta de la tesis doctoral de Caballero, realizada en la Universidad de Barcelona, España, hizo entrega del primer informe el 27 de noviembre de 2012 para el cobro del primer pago por 125 mil dólares, después de 18 días de firmar el contrato para realizar la supuestamente compleja investigación.
Las investigaciones llevadas a cabo por Caballero, quien se desempeña como docente en la Universidad Tecnológica de Panamá, no costaron más de 50 mil dólares.
El segundo informe presentado para el último pago (125 mil dólares), el 9 de enero de 2013, contiene el primer reporte extraído en su totalidad de la tesis de Caballero, agregando solo dos capítulos que fueron obtenidos literalmente de diversas páginas de internet y se adjuntaron al examen de auditoría interna que acompañó la denuncia.
Rodríguez fundamenta su petición a la Contraloría General de la República en el numeral 3 del artículo No. 26 de la Ley No. 67 de 2008, modificada por la Ley No. 81 de 22 de octubre de 2013.