9:06 a.m. - PANAMÁ (ACAN-EFE). -El gerente general del Grupo Unidos por el Canal (GUPC), Antonio Zaffaroni, aseguró ayer que la huelga que paralizó durante cinco días las obras de ampliación del Canal de Panamá a principios de julio fue una prueba con fines políticos contra una polémica ley aprobada por el Gobierno panameño.
"A nosotros que nos hayan agarrado como conejitos de indias para verificar cómo resultaba una huelga contra la Ley 30 evidentemente no es que nos haya gustado demasiado", indicó a periodistas Zaffaroni, responsable del consorcio encargado de las obras.
El pasado 3 de julio trabajadores de las obras de ampliación declararon una huelga en demanda de la anulación de la Ley 30, apodada popularmente como "Ley chorizo" y que generó mucha polémica en el país porque introducía reformas laborales, ambientales y en materia policial de manera expedita y en un sólo cuerpo legal.
Además, los sindicalistas demandaban un aumento salarial, solución a la falta de transporte para los trabajadores, ajustes en el tiempo para hacer efectivo el pago a los obreros y mejores condiciones higiénicas de trabajo, entre otros asuntos.
"Puede ser que ésta sea la obra más impactante pero que la utilicen para un discurso político que no tiene nada que ver con una producción industrial no nos gusta", señaló sobre la medida de fuerza que se saldó tras cinco días con un acuerdo y el despido de 49 obreros, cuatro de ellos luego readmitidos.