7:21 p.m. - El Consejo de Gabinete autorizó a la ministra de Gobierno, Roxana Méndez presentar ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley dirigido a tipificar correctamente en el Código Penal los delitos relacionados con la desaparición forzada de personas y la tortura.
Esa tipificación deberá de acuerdo a compromisos internacionales en materia de derechos humanos, ya que los códigos actuales no abordan estas infracciones adecuadamente, informó la Secretaría de Comunicación del Estado en un comunicado. La idea es poder garantizar los derechos humanos de las personas, según la fuente.
En la modificación propuesta se incluye que el servidor público que someta a un privado de libertad a castigos indebidos que afecten su salud y dignidad será sancionado con presión de 2 a 3 años; y de 5 a 8 años si el hecho consiste en castigo infamante, vejación o medidas arbitrarias o si se comete contra un menor de edad.
Mientras que se considerará como el delito de tortura aquella infracción contra una persona que sea sometida a penas o sufrimientos físicos o mentales con fines de investigación criminal como medio intimidatorio o como castigo personal, se indicó en el boletín de prensa.
Se entenderá también como tortura los métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental. El proyecto propone aplicar penas de 10 a 15 años por este delito.
Mediante la Resolución de Gabinete de 1 de junio de 2010 se había autorizado presentar el citado documento ante la Asamblea, pero antes de ser entregado el Centro de Justicia y Derecho Internacional (CEJIL) presentó algunas recomendaciones que son acogidas en esta nueva iniciativa, se explicó en el comunicado de la Presidencia.