El exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN) Giacomo Tamburrelli, quien estuvo al frente de esa entidad entre el 1 de julio de 2009 y el 10 de agosto de 2012, podría enfrentar un segundo proceso judicial por perjuicios al Estado.
La Contraloría General de la República determinó que “existió un incumplimiento de los controles administrativos exigidos por la ley”, en el caso de la
pinchadora comprada por Tamburrelli a través del PAN a la empresa israelí M.L.M Protection LTD.
Sobre Tamburrelli pesa una medida cautelar de casa por cárcel y es acusado por la presunta comisión de delitos contra la administración pública por supuestas anomalías en el contrato para la compra de $44.9 millones en comida deshidratada a la empresa Lerkshore International Limited, aprobado por el PAN. Este caso es seguido por la Fiscalía Segunda Anticorrupción.
Ahora, la Contraloría entregó al Ministerio Público y al Tribunal de Cuentas el informe de auditoría realizado al proceso de adquisición, recepción, pago y custodia de uno de los equipos con los que el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) realizó interceptaciones a las comunicaciones de opositores, empresarios y periodistas en el gobierno pasado.
“La no ubicación física del equipo –que costó 13.4 millones de dólares–, pese a que fueron obtenidas notas de recibido conforme y aceptación final, podría ser indicio de una posible lesión patrimonial ”, advirtió la Contraloría en la auditoría.
El contrato No. 45 de 2010 del extinto Fondo de Inversión Social (FIS, ahora PAN), mediante el cual se compró la pinchadora, revela que la transacción fue aprobada el 19 de mayo de ese año por la junta directiva de la entidad, entonces integrada por Ricardo Martinelli en calidad de mandatario, un representante de la Asamblea Nacional, tres ciudadanos nombrados por el propio Presidente y por Giacomo Tamburrelli como titular del FIS.
El documento fue refrendado el 23 de julio de 2010 por la Contraloría.
La Fiscalía Tercera Anticorrupción, a cargo de Zuleika Moore, adelanta las investigaciones sobre este caso y estaba a la espera del informe de auditoría de la Contraloría para formular cargos a los implicados.
Sobre esta auditoría, el fiscal general de Cuentas, Guido Rodríguez, reveló que espera el informe del Tribunal de Cuentas para comenzar una investigación.
EVALUACIÓN
Gonzalo Moncada, abogado de Tamburrelli, señaló que hasta ahora no ha tenido acceso al informe elaborado por los auditores de Contraloría, aunque aclaró que a Tamburrelli no se le han formulado cargos y tampoco ha sido llamado a declarar por el contrato de compra de este equipo.
NIEGAN VINCULACIÓN
En tanto, Roniel Ortiz, abogado de Gustavo Pérez, exsecretario del CSN, quien está detenido por las escuchas ilegales, manifestó que su cliente no participó en la adquisición o pago de ese equipo de espionaje.
“A él [Gustavo Pérez] le mandaron el documento –de la compra de la máquina pinchadora– de la dirección administrativa de la Presidencia” cuando aún no era jefe del CSN, en 2011. Pérez dirigía la Policía Nacional.
Ortiz explicó que su cliente se disponía a firmar el documento cuando su asesora legal, Yazmine Ramírez –quién rindió declaración jurada ante la fiscalía sobre este hecho–, le recomendó no firmarlo, ya que no se estaba comprando con el presupuesto de la Policía y la Contraloría no refrendaría el pago.
El funcionario indicó que por esa razón Pérez no regresó el documento al Ministerio de la Presidencia y fue hallado en sus archivos cuando fue allanada su oficina en Panamá Ports. “Todo sucedió antes que Pérez entrara al Consejo de Seguridad en 2012, para reemplazar a Julio Moltó”, indicó.