De los $190 millones que destinó el Programa de Ayuda Nacional (PAN) en el quinquenio pasado a comprar bolsas de comida, la Contraloría General de la República determinó que hubo una presunta lesión patrimonial de $33.2 millones, equivalente a un 17% del gasto en el que incurrió el Estado en ese renglón.
Por este caso, además de 11 exfuncionarios, 31 empresas –todas constituidas entre 2010 y 2014– fueron vinculadas por los auditores de la Contraloría, aunque estas no fueron las únicas que facturaron millones de dólares por la venta de bolsas de comida al PAN.
Por ejemplo, el empresario de Penonomé Juan Carlos Marciaga es propietario de 6 compañías de las 31 que aparecen en la lista que elaboró el Tribunal de Cuentas, en la que ordena el secuestro de sus bienes, cuentas bancarias, aeronaves y cajillas de seguridad. Esas sociedades facturaron al PAN $6.7 millones.
Marciaga –con medida cautelar de arresto domiciliario– constituyó un aproximado de 20 sociedades que en el gobierno de Ricardo Martinelli vendieron al PAN, al menos, $70 millones en bolsas de comida, botas de hule, paneles solares, bastones y otros muchos artículos.
La orden de embargo del Tribunal de Cuentas está dirigida únicamente a 31 compañías y se sustenta en que las compras se hicieron “sin que mediaran solicitudes que estuvieran relacionadas con proyectos sociales, desconociéndose el destino final de esos productos”.
OTROS SEÑALADOS
Además, en la lista de embargo figuran, al menos, seis compañías relacionadas con el también empresario de Penonomé Carlos Caneto Araúz, las cuales son señaladas por una presunta lesión al Estado de $5.3 millones.
De acuerdo con documentos de la Contraloría, Caneto Araúz constituyó 15 compañías que facturaron en el PAN más de $40 millones. Varias de las empresas de Araúz, quien goza de una medida cautelar de casa por cárcel, fueron disueltas en 2014.
En tanto, las compañías Country Max, S.A., Digimart International Corp. y Nulato Commercial Inc. son señaladas en la auditoría de la Contraloría General de la República por una presunta lesión patrimonial de casi $2 millones en la venta de bolsas de comida.
Aunque estas empresas tienen dignatarios diferentes, están relacionadas con el empresario Roberto Carretero, también con una medida cautelar de arresto domiciliario.
Paralelamente, Country Max, S.A. y Nulato Commercial Inc. son investigadas por la Contraloría General, luego de comprobarse que monopolizaron la venta de instrumentos musicales en el PAN, en la administración de Rafael Guardia Jaén.
La orden de secuestro de bienes muebles e inmuebles que giró el Tribunal de Cuentas alcanza a Oregon International, S.A., vinculada con una presunta lesión patrimonial de $249 mil 875.
La compañía está relacionada con Camilo de la Guardia, quien fungió como subdirector de Administración y Finanzas de la Asamblea Nacional en el período en el que el diputado Sergio Chello Gálvez dirigió ese órgano del Estado.
Oregon International, S.A., también está relacionada con Proveedora Táchira, S.A., que, a su vez, vendió 30 mil jamones (por un monto de $675 mil) al diputado Chello Gálvez con fondos estatales, a finales del año 2012, para regalar a los electores de su circuito.