La oficina panameña de la constructora brasileña Norberto Odebrecht respondió ayer a los cuestionamientos de este diario con un comunicado en el que menciona que “las investigaciones que se realizan en Brasil se refieren a contratos con la empresa Petrobras realizadas únicamente en ese país, las cuales no tienen ninguna interferencia en la operación y ejecución de proyectos en los demás países donde actuamos, incluyendo Panamá”.
La compañía descarta así una eventual afectación a las obras que ejecuta y que le han sido recientemente adjudicadas, como la segunda línea de Metro de Panamá, contrato en el que participa junto con la española FCC Construcción y la francesa Alstom.
La empresa defendió en su comunicado que en el tiempo que las licitaciones se le adjudicaron “fueron ganadas a través de litaciones públicas, cumpliendo todos los procesos establecidos por las leyes del país”.
En el caso de la línea 2, Metro de Panamá, S.A. hizo un pronunciamiento similar ayer. En otro comunicado remitido a los medios dijo que “el proceso de licitación de la línea 2 se desarrolló en cumplimiento estricto de la legislación panameña, incluyendo el establecimiento de una comisión evaluadora de primer nivel” y que la entidad “vela con rigurosidad el cumplimiento de cada una de sus contrataciones con un equipo multidisciplinario”.
Como en otras ocasiones que ha sido cuestionada la empresa, Metro de Panamá dijo que “la Ley 22 de Contrataciones establece de manera clara las razones de descalificación de un contratista, así como las garantías y salvaguardas legales y financieras del caso”.
La entidad por tanto no dejó entrever ninguna posibilidad de revisar una licitación ya adjudicada, pero cuyo contrato no se ha firmado.
Odebrecht y FCC Construcción se adjudicaron la licitación pública a comienzos de junio, luego de que la Dirección General de Contrataciones Públicas desestimara un reclamo presentado por el consorcio Panametro, integrado por empresas de China y España.
Este grupo alegó que Odebrecht y FCC Construcción no cumplieron con los requisitos técnicos mínimos y advirtió de un posible conflicto de interés en un miembro de la comisión evaluadora, que había trabajado entre 2010 y 2012 para Odebrecht como consultor.
Al determinar que el reclamo no tenía sustento, Contrataciones Públicas dejó vía libre para la adjudicación a Odebrecht de un nuevo proyecto que según Metro de Panamá, es necesario para resolver el problema de transporte, que además de generar empleos, beneficiaría –cuando esté terminado– a unos 400 mil usuarios del este de la capital.