3:57 p.m. - El Gobierno de Panamá debe asegurarse de que se lleve a cabo una investigación judicial exhaustiva e imparcial de los posibles abusos ocurridos durante los enfrentamientos entre los agentes de la Policía Nacional y un grupo de huelguistas en Bocas del Toro, señaló hoy Human Rights Watch.
Esos disturbios se produjeron en rechazo de la Ley 30 y dejaron un saldo de al menos dos víctimas fatales y más de un centenar de heridos.
En un informe del 16 de julio el oficial de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo de Panamá se refirió a pruebas creíbles de que la Policía había usado la fuerza en forma excesiva contra los manifestantes, destacó un comunicado de prensa de Human Rights Watch enviado hoy a los medios de comunicación.
En lugar de tratar de culpar a otras personas, las autoridades panameñas deberían asegurarse de que los responsables de los abusos sean llevados ante la justicia, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
Vivanco indicó que la comisión especial podría ayudar a esclarecer lo sucedido, pero eso de ninguna manera puede reemplazar un proceso penal.