10:31 a.m. - El secretario del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción, Fernando Núñez Fábrega, admitió hoy que en Panamá falta una ley que castigue con claridad el conflicto de intereses en el ejercicio de la función pública.
Hay retazos en diferentes leyes, pero no está en ninguna parte claramente definido este tema, dijo el zar anticorrupción en declaraciones a RPC Radio.
En este sentido, Núñez Fábrega dijo que se reunirá hoy, lunes, con el equipo de los abogados del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción para sugerir alguna norma que se pueda instaurar en los códigos Penal o Administrativo para que esta temática quede claramente delineada.
Además, hizo un llamado a los diputados de la Asamblea Nacional para que se tipifique este tema. Tiene que haber sanciones de inmediato, agregó.
La reacción del zar anticorrupción surge luego de que La Prensa publicara hoy que varios contratos directos y concesiones otorgadas durante la administración del presidente Ricardo Martinelli han dejado en evidencia claros conflictos de interés en el gobierno.
Depende del caso El zar anticorrupción evitó entrar al fondo de la publicación del diario. Dijo que este tipo de temas requieren de una revisión, aunque aseguró que ninguno de los casos que publicó el periódico corresponde a algún funcionario de manejo.
Según Núñez Fábrega, el tráfico de influencia es un problema persistente y que se da siempre en los países pequeños. Sin embargo, agregó que es difícil de probar y es injusto proceder sin haber tenido pruebas fehacientes.
Si [el beneficiado] es un amigo está totalmente libre de culpa porque tipificar un amigo, decir que eso es tráfico de influencia, es sumamente difícil. La amistad es muy difícil de comprobar, agregó. Pero si es un miembro de la familia eso sí está claramente tipificado en muchas áreas, señaló Núñez Fábrega.
Ahora bien, el zar anticorrupción recalcó que tenemos que respetar la presunción de inocencia. No todos los funcionarios públicos son delincuentes y ladrones.
Indicó que no se puede condenar a alguien simplemente por ser miembro de un partido, familia o amigo de una persona sin participar en el sector público. Eso sería condenarlo a morirse de hambre porque no puede negociar con el comprador más grande de servicios y bienes que es el Estado, enfatizó.