Por años, el acceso equitativo a los servicios de salud ha sido una promesa pendiente para miles de panameños que viven fuera del eje urbano.
Las cifras oficiales más recientes confirman que esa brecha persiste: el sistema público de salud cuenta con un total de 10,068 médicos en todo el país para atender a una población aproximada de 4.5 millones de habitantes, según cifras oficiales de noviembre de 2025 del Ministerio de Salud (Minsa). Esto representa 2.3 médicos por cada 1,000 habitantes, superando el estándar recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que establece 1.6 médicos por cada 1,000 personas
De ese total de médicos, 3,523 forman parte del Minsa, de ellos, 1,887 son médicos generales y 1,636 especialistas, pero su distribución territorial sigue siendo profundamente desigual.
Datos revisados por La Prensa sobre el personal médico del Minsa evidencian que las comarcas indígenas y las regiones más apartadas del país concentran la menor cantidad de personal médico, tanto general como especializado, una situación que impacta directamente en el ejercicio del derecho a la salud de estas poblaciones.
La comarca Guna Yala se mantiene como la región con menor cobertura, con apenas 37 médicos generales y un solo especialista para atender a comunidades dispersas y de difícil acceso. Le siguen la comarca Ngäbe Buglé, con 66 médicos generales y siete especialistas, y Bocas del Toro, que registra 36 médicos generales y siete especialistas.
En Darién, una de las provincias con mayores desafíos geográficos y sociales, el sistema público dispone de 50 médicos generales y 10 especialistas.
En contraste, Panamá Metro, Panamá Oeste y Chiriquí concentran la mayor cantidad de médicos del país, mientras que los hospitales nacionales y los institutos especializados absorben buena parte de los especialistas, dada la complejidad de los servicios que ofrecen. Esta concentración, aunque responde a criterios técnicos, deja a amplios sectores del país dependiendo casi exclusivamente de la atención primaria y de referencias que implican largos traslados.
Para las comunidades afectadas, la escasez de médicos no es solo una cifra estadística. Se traduce en listas de espera prolongadas, dificultades para acceder a diagnósticos oportunos, derivaciones tardías y costos adicionales para las familias que deben desplazarse a otras provincias en busca de atención especializada.
El panorama se conecta con advertencias reiteradas por entidades como la Defensoría del Pueblo, que ha señalado que las deficiencias estructurales en la prestación de servicios de salud afectan con mayor intensidad a las poblaciones rurales, comarcales e indígenas, profundizando desigualdades históricas.
Aunque el país cuenta con una base importante de profesionales médicos, los datos reflejan que el desafío no está solo en la cantidad, sino en cómo y dónde están distribuidos. Mientras no se logre cerrar esa brecha territorial, el acceso a la salud seguirá siendo, para muchos panameños, una cuestión de ubicación geográfica más que de derecho.
