Una denuncia anónima presentada ante el Ministerio Público desvela supuestos vínculos, hasta ahora desconocidos, entre la empresa Grupo de Inversión Mundial S. A. (GIM), operadora del bingo televisado Buko Millonario, y Ricardo Martinelli Linares, hijo del expresidente Ricardo Martinelli.
De acuerdo con la denuncia, Omar Chen Chan, exdirector de la Lotería Nacional y Jackeline Chan de Watson presidente de GIM, se asociaron con Martinelli Linares para que a través de su poder político se les concediera la concesión para el bingo televisado.
La acción legal plantea que la adjudicación del contrato fue producto del tráfico de influencias, “la imposición de los señores mencionados que, haciéndose valer de su posición política en ese entonces, violentaron, omitieron y coaccionaron a funcionarios públicos a su favor”.
Según consta en la denuncia, Chan de Watson es y ha sido colaboradora de Chen Chan por años, al igual que Egbert Agustín Wright, quien funge como tenedor del 45% de las acciones de la empresa GIM, cuando en realidad es solo un prestanombres de Chen Chan para estos afectos.
El documento también detalla que el 55% del resto de las acciones está a nombre de la inmobiliaria San Cristóbal LTD, perteneciente “en realidad al grupo Martinelli”.
GIM logró en unos cuantos meses facturar millones de dólares. La empresa y el Estado firmaron un contrato de concesión el 7 de julio de 2011.
Mediante la Resolución No. 41 del 30 de julio de 2010, la Junta de Control de Juegos (JCJ), cuya junta directiva era presidida por el entonces titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Frank De Lima, fueron aprobadas las reglas del juego de azar del Buko Millonario.
Un requisito para lograr la concesión era presentar los certificados de idoneidad y consentimiento de sus directores. La empresa mostró las credenciales de sus directores: Jackeline Chan de Watson, Danivia González y Egbert Agustín Wright. Pero las acciones de la empresa son “al portador”,y por lo tanto, jamás se conoció quiénes eran los beneficiarios finales, algo que exige la ley.
El año pasado Eric Ríos, nuevo director de la JCJ, reveló que la compañía nunca presentó en qué consistía su composición accionaria de forma correcta. Ante esta irregularidad, el pleno de la JCJ resolvió cancelar el contrato.