USO DE RECURSOS PÚBLICOS EN POLÍTICA

Asamblea financió campaña de Cambio Democrático

Los diputados de CD Héctor Aparicio y Sergio Gálvez, como presidentes del Legislativo, firmaron contratos para pagar proselitismo.

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Giancarlo Terán LA PRENSA/Archivo. Giancarlo Terán LA PRENSA/Archivo.
Giancarlo Terán LA PRENSA/Archivo.

La Asamblea Nacional utilizó fondos públicos para financiar la campaña del excandidato presidencial de Cambio Democrático (CD) José Domingo Arias.

Documentos obtenidos a través de una fuente de la Contraloría General revelan los cuatro contratos por $36 mil que otorgó el Legislativo a Giancarlo Terán, quien a pocos días de las elecciones del 4 de mayo denunció la existencia de varios centros de llamada operados por el oficialismo, y pagados con recursos del Estado, para respaldar la candidatura de Arias.

Los contratos establecen que Terán debía realizar análisis en proyectos “para detectar su viabilidad para el Ejecutivo”, además debía supervisar “todos los proyectos que se llevaran a cabo en el circuito”.

Sin embargo, Terán aseguró en varias oportunidades que fue contratado para trabajar en el centro de llamadas que operaba en el edificio H2O, en avenida Balboa. Contó que manejaba las redes sociales y hacía llamadas para promocionar a Arias y al gobierno de Ricardo Martinelli. También le correspondía criticar a los candidatos rivales, con hincapié en Juan Carlos Varela, hoy presidente de la República.

Según Terán, este era apenas uno de los tres centros de llamadas que operaba CD con estos fines, en el que empleaba alrededor de 120 personas, y que eran administrados por Salomón Shamah, exadministrador de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), y coordinados por María Cristina González, exdirectora del Servicio Nacional de Migración.

La existencia de estos “call centers” fueron confirmados por varios miembros de la pasada gestión, entre ellos Roberto Henríquez, ministro de la Presidencia en los últimos años de la era Martinelli.

El viernes 2 de mayo, Shamah advirtió de que todo era un ataque político, y pronosticó que el tema “moriría” después de los comicios. Dos días después de sus declaraciones, el CD de Arias y Martinelli perdió en las urnas.

AL SERVICIO DE CD

El primer contrato entre Terán y el Legislativo abarca el primer semestre de 2012, y lo firma el entonces presidente, Héctor Aparicio.

Según los documentos obtenidos, Terán recibiría $3 mil 856 en seis meses para el desarrollo de las actividades comunitarias del circuito.

No obstante, según cuenta Terán, a partir de entonces empezó a prestar servicios como defensor del gobierno en las redes sociales y en las llamadas efectuadas al azar.

El siguiente contrato fue avalado por Sergio Gálvez, sucesor de Aparicio como jefe de la Asamblea Nacional, e incluyó el primer semestre de 2013 por $11 mil 336 para “atender y tramitar las acciones administrativas, legislativas y demás funciones que se le asignen”.

Gálvez también avaló el contrato para el segundo semestre del año, que si bien incluyó las mismas funciones que el primero, aumentó el pago total a $11 mil 400.

El último de los contratos firmados por Gálvez y obtenido por este medio es por los primeros seis meses de este año. Tiene un valor de $9 mil 540 y le asigna la misión de detectar proyectos viables para el Ejecutivo.

Todos estos contratos fueron firmados por Edgardo Chanis, jefe de auditoría de la Contraloría.

Terán confirmó ayer que, en efecto, él también firmó estos contratos, pero no quiso revelar más por consejo de sus abogados, que preparan una demanda contra María Cristina González.

Este medio intentó contactar también a Gálvez, pero no atendió el teléfono. En tanto, el celular de Aparicio sonaba apagado.

Sin embargo, estos contratos no eran el único ingreso que recibía Terán por su papel de paladín del oficialismo. De acuerdo con sus propias declaraciones, el gobierno de Martinelli le pagaba mil dólares mensuales en la planilla del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici).

En el nodo de transparencia de esta institución, se demostró que en efecto sí recibía ese pago como coordinador de planes y programas. En ese momento, el ministro Ricardo Quijano aceptó que Terán formaba parte de su institución, aunque reconoció que no le daba seguimiento para verificar si acudía a trabajar o no. También evadió cualquier tipo de vínculo entre la planilla del Mici y los centros de llamada de CD.

Terán explicó que el pago de la Asamblea respondía a su trabajo en el centro de llamadas y el del Mici era por fungir como supervisor.

También detalló que el dinero proveniente del Legislativo se consignaba en un contrato con Consultores y Mercadeo de Panamá.

La junta directiva de esta empresa la forman Pablo Cerdeira, Ernesto Soto y Luis De León.

EL COSTO DE LA VERDAD

El 29 de abril pasado, Terán reveló en Radio Panamá la existencia y los procedimientos de estos centros de llamadas. Apenas tres días después, el 2 de mayo, Lizzette Chevalier, fiscal segunda anticorrupción, envió una carta a Wigberto Quintero, entonces secretario general del Legislativo, para que le proporcionaran toda la información concerniente a Terán que reposara en este órgano. Explicó que el Ministerio Público, que dirige Ana Belfon, tramitaba una denuncia de oficio en su contra.

El 13 de mayo, cuando ya CD aceptaba el fracaso en las elecciones, Chevalier volvió a acudir a Quintero, y le solicitó, una vez más, los datos que reposaran en el Legislativo sobre un posible vínculo laboral con Terán.

El 15 de mayo Quintero le envió solo tres de los cuatro contratos que la Asamblea Nacional firmó con Terán. El del primer semestre de 2014 no fue incluido, a raíz de que fue anulado luego de las polémicas declaraciones.

En su nota, Quintero resaltó que Terán “no estaba sujeto a horario, ni a subordinación jerárquica”. El 2 de junio pasado, Gioconda Torres de Bianchini, contralora designada por el gobierno de Martinelli, le envió una carta a Gálvez, entonces presidente de la Asamblea Nacional, para ahondar en los nexos laborales de este órgano con Terán.

En la misiva, Torres de Bianchini solicitó copia de todos los pagos con constancia de recibido, tipos de planilla y número de la partida presupuestaria, reportes de marcaciones, horario en el que laboraba, descripción de funciones, contratos, solicitud de préstamo del funcionario al Mici, decreto de nombramiento, acta de toma de posesión, traslados, resueltos, y dirección residencial completa.

“La información solicitada es requerida por nuestra institución para que conste como prueba en la auditoría ordenada (...) en el Mici, relacionada con los pagos efectuados al señor Giancarlo Terán Rebolledo, del 1 de septiembre de 2012 al 31 de marzo de 2014”.

Gálvez respondió el 26 de junio, cuatro días antes de abandonar el gobierno. Allí explicó que los contratos se dieron a través de planillas adicionales de servicios especiales, y que no estaba sujeto a horario ni a subordinación jerárquica. Reveló también su dirección residencial, sus números de teléfono, e hizo la salvedad que en el expediente no existía constancia de que se hubiese tramitado un préstamo interinstitucional de funcionario entre el Mici y la Asamblea Nacional.

Pese a la respuesta de Gálvez, Torres de Bianchini volvió a hacer la misma solicitud una semana después. Esta vez a Adolfo Valderrama, diputado por el Partido Panameñista y nuevo presidente del Legislativo.

Valderrama fue un duro crítico de la administración anterior, a la que calificó de “derrochadora”. Según el panameñista, la gestión de Gálvez repartió en sus dos años $117 millones en contratos.

Si las 120 personas que trabajaban en los tres centros de llamadas, según las declaraciones de Terán, tenían contratos similares, esta operación le habría costado $4.3 millones al erario.

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