Colombia pide a Interpol que emita alerta roja por María del Pilar Hurtado

La Fiscalía de Colombia solicitó hoy, 31 de mayo, a la Interpol que emita una circular roja contra María del Pilar Hurtado, exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia, y así evitar que salga de Panamá, donde

Colombia pide a Interpol que emita alerta roja por María del Pilar Hurtado
Colombia pide a Interpol que emita alerta roja por María del Pilar Hurtado

La Fiscalía de Colombia solicitó hoy, 31 de mayo, a la Interpol que emita una circular roja contra María del Pilar Hurtado, exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia, y así evitar que salga de Panamá, donde se encuentra asilada desde 2010.



Esto, mientras se confirme la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá de declarar inconstitucional el asilo político que le concedió el gobierno de Ricardo Martinelli a la exdirectora del DAS.



Según un informe del diario El Tiempo, la acción de las autoridades colombianas responde a que en el periodo entre la decisión y la firma del fallo de los magistrados de la corte panameña, Hurtado mantiene un estatus migratorio legal y, por ello, no tendría inconvenientes para salir del país.



Con una circular roja contra Hurtado –en cambio– la entrada de Hurtado a cualquier otro país tendría que ser comunicada a la Interpol para su detención y deportación a Colombia.



La Fiscalía colombiana ha solicitado a la embajadora de Colombia en Panamá, Ángela María Benedetti, que gestione los trámites necesarios para la deportación de la exdirectora del DAS.



Este documento lleva la firma del director de gestión internacional de la Fiscalía, Francisco Echeverry, delegado por el fiscal para conocer la situación jurídica de Hurtado, investigada en Colombia por interceptaciones ilegales del organismo de inteligencia durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).



María del Pilar Hurtado, que tiene una orden de detención, debe responder ante la justicia colombiana por varios delitos, entre ellos concierto para delinquir agravado y violación ilícita de comunicaciones.



Esos delitos se le imputan por su presunta participación en los seguimientos e interceptaciones ilegales a periodistas, magistrados, congresistas y defensores de derechos humanos ocurridas durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).

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