La lentitud con que la Corte Suprema de Justicia maneja las demandas de inconstitucionalidad es uno de los factores que inciden en que la Presidencia evalúe derogar mediante un acto administrativo los indultos otorgados por el expresidente Ricardo Martinelli en las postrimería de su gestión.
Precisamente Salvador Sánchez, asesor legal de la Presidencia, aseguró que “los fallos de esas demandas pueden demorar, como ha sido en el pasado, cuatro años”. Igualmente, una fuente de palacio advirtió de que el decreto ejecutivo era la gestión por la que se inclina la administración del presidente Juan Carlos Varela.
La sugerencia de acudir a la Corte con una demanda de inconstitucionalidad fue la respuesta que le dio la Procuraduría de la Administración a la consulta elevada por el Ejecutivo sobre este tema. “Para nosotros, aunque es una opinión que valoramos, no es vinculante”, afirmó Sánchez al respecto.
Precisamente, a mediados de junio pasado la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales los indultos otorgados por Martinelli en 2010, y que, al igual que sus últimos perdones, fueron demandados ante este tribunal por considerar que atentaban contra las disposiciones de la Carta Política.
Ayer, el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) interpuso otra demanda de inconstitucionalidad en contra del decreto de Martinelli por el cual indultó al policía Eliseo Madrid, acusado del homicidio del obrero Al Iromi Smith, asesinado en febrero de 2008 en una protesta en Colón.
La recomendación de la Procuraduría de la Administración responde a que la mayoría de los 355 indultos que dio Martinelli no cumple con lo que establece la Constitución, y en lugar de otorgarlo a condenados por delitos políticos, lo hizo a condenados por delitos penales y a personas bajo investigación (ver tabla).
La otra ruta es aplicar la Ley 38 de 2000, que permite anular un acto administrativo fuera de competencia, mediante un decreto de la misma autoridad.
PIDEN CELERIDAD
Para José Alberto Álvarez, presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), la vía menos traumática es la derogatoria de los indultos por medio de otro decreto.
Añadió que el nuevo decreto que emita el Ejecutivo debe contemplar exclusiones a los que se les concedió rebaja de pena. La medida, dice, debe contemplar a las personas que se les otorgó indulto sin ser sometidas a un proceso por delitos políticos, y a las que ni siquiera se les ha iniciado un proceso.
Rubén Elías Rodríguez, expresidente del CNA, también consideró que la medida es totalmente factible, porque un decreto puede derogar otro. “No veo por qué se demoran tanto en analizar y estudiar algo que son fundamentos jurídicos de derecho administrativo”, dijo. El jurista afirmó que con la demora se le da más tiempo a los favorecidos con la medida para tratar de sorprender al Judicial, con casos donde se puede declarar la extinción del proceso por medio de un indulto contrario a la ley. “El gobierno actual parece que le está dando legalidad a lo ilegal, y ese es un principio que no se debe violar en un estado de derecho”, apuntó.
(Con información de Rubén Polanco).