Las protestas resultantes en cierres de esenciales calles y vías de comunicación en nuestro país durante las últimas semanas, además del dolor humano que reflejan y han causado, ha puesto en manifiesto una situación que desde el sector logístico hemos venido insistiendo desde hace muchos años, y es la fragilidad de nuestra infraestructura logística doméstica.
Nuestro sector logístico se ha desarrollado a través de los años en función del segmento principal al cual sirve, que es el transporte internacional de mercancías que utiliza a Panamá, y su canal, como puente de trasbordo interoceánico. La infraestructura logística nacional no ha sido desarrollada para servir a la industria y el comercio local, que es un motor del desarrollo nacional y que genera beneficios económicos de forma transversal a muchos niveles, sino más bien en atención a elementos de necesidad, lo cual nos ha dado como producto una infraestructura muy cercana a la capacidad máxima de uso, evidenciándose regularmente congestión.
Las protestas que actualmente enfrentamos, y posibles interrupciones debido a impactos de fenómenos naturales por el cambio climático, nos llevan a insistir en la necesidad de blindar nuestro sistema logístico de forma tal que podamos garantizar un nivel aceptable mínimo de operatividad, garantizando su seguridad y resiliencia.
Nuestro sistema logístico representa un activo muy valioso, por un lado, es estratégico en la generación de empleos y prestigio reputacional internacional (que a su vez atrae más inversiones) al servir al comercio mundial, y por otra parte es estratégico para mantener el bienestar social del país.
Es imperativo proteger el sistema logístico al designar vías claves de comunicación como “corredores logísticos” que reciban prioridad en cuanto a diseño, mantenimiento vial, seguridad y que al igual que otra infraestructura clave, como portuaria e instituciones como la Autoridad Nacional de Aduanas, gocen de un régimen legal o blindaje que garantice su operación continua e ininterrumpida, similar a lo dispuesto por la Constitución ( artículos 315 y 322) con respecto al servicio ininterrumpido del Canal.
Tres semanas de protestas, cierres de calles y avenidas y afectación del sistema logístico puede tener un efecto negativo en el PIB que se estima en alrededor de entre 1.2% y 2%.
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