Hoy día, la producción de alimentos es cada vez más difícil, siendo afectada por diversos factores como políticos, sociales, económicos, ambientales, comerciales, etc., lo cual conlleva los consecuentes incrementos de precios o reducción de disponibilidad.
Instituciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO (por sus siglas en inglés) advierten a las naciones sobre los riesgos inminentes a los que la población mundial está expuesta en los próximos años si no se toman oportunamente las debidos ajustes en lo que a la producción de alimentos se refiere (“Soberanía Alimentaria”), enfatizando la necesidad de no depender del abastecimiento de alimentos producidos en otras latitudes, artificio denominado “Seguridad Alimentaria”.
Por décadas el sector primario ha sido inadvertido y desatendido en mayor o menor medida por las administraciones gubernamentales que han apostado a la importación y comercialización de alimentos, en muchos casos de dudosa inocuidad, arriesgando tanto la salud de los consumidores, los patrimonios fito y zoo sanitarios, y convirtieron a Panamá en un país alimentariamente dependiente.
En el Capítulo Octavo “Régimen Agrario”, artículo 122, de nuestra Constitución Política se establece que: “El Estado prestará atención especial al desarrollo integral del sector agropecuario, fomentará el aprovechamiento óptimo del suelo, velará por su distribución racional y su adecuada utilización y conservación, a fin de mantenerlo en condiciones productivas y garantizará el derecho de todo agricultor a una existencia decorosa”.
La participación proactiva de los productores nacionales ha generado a lo largo de los años propuestas para el desarrollo integral de la actividad agropecuaria. Gracias a acciones compartidas entre productores y autoridades el avance se hizo notorio y como plan estratégico del sector primario se organizó y desarrolló el 13 de marzo de 2019, el Primer Debate Presidencial del Sector Agropecuario Nacional. En dicha actividad se concluyó que la primera prioridad era restablecer el deteriorado marco jurídico del sector y se creó la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA).
También se concluyó en la necesidad de una Política Agroalimentaria de Estado (PADE) que haga al sector agropecuario libre de puntos vulnerables y lo proteja por un blindaje legal y constitucional, puntos que aun están pendientes.
Es obligación del Estado, por ley, brindar el apoyo y desarrollar el marco jurídico necesario para garantizar al productor local condiciones mínimas para desempeñar su actividad de manera eficiente y rentable, garantizando la soberanía alimentaria y blindar al país ante eventos que distorsionen los sistemas logísticos o situaciones internacionales que afecten el suministro o alza de precios.
Corresponde a los productores mantener el desarrollo y seguimiento continuo del plan estratégico del sector primario, que genere una Política Agroalimentaria de Estado (PADE), con visión y metas a corto, mediano y largo plazo, y que sea implementada, desarrollada y se actualice como un proyecto de Estado y no del gobierno de turno. Es imprescindible dar continuidad a los planes de mejoramiento de la conectividad local para que sea más eficiente y expedito el transporte de alimentos desde y hacia el interior del país, y asegurar un mejor suministro y contar con redundancias en caso de siniestros o disrupciones.
