En los últimos días han proliferado las opiniones a favor y en contra de la Ley 697 que regula la comercialización y uso de criptomonedas, mejor conocida como Ley Cripto. El propio presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció que vetaría el proyecto de forma parcial debido a los temores de que se preste para riesgos de lavado de dinero.
Felipe Echandi, experto en pagos digitales y CEO de la plataforma Cuanto, defiende los preceptos de la Ley Cripto y advierte que en Panamá se corre el riesgo de seguir rezagados en materia de modernización de los sistemas de pago y teniendo un sistema bancario dinosaurio y arcaico.
¿Cuál es su opinión sobre el veto parcial que hará el Ejecutivo a la Ley Cripto?
Aún no quedan claro los alcances del veto que según el mismo Presidente adelantó sería parcial, así que hay que esperar el alcance y los argumentos para saber cuáles partes del proyecto serán vetadas. Desde mi punto de vista lo deseable es que se expliquen las razones de ese veto porque el proyecto sí fue diseñado para cumplir con estándares de GAFI.
¿Por qué promover esta regulación en Panamá?
Se busca una actualización de nuestra infraestructura financiera y de competitividad. Lamentablemente nuestro sector financiero no ha avanzado. En nuestro país tenemos menos de la mitad de la población bancarizada formalmente y el uso de los servicios financieros no es el más digital de la región. Esta ley lo que busca hacer es que el país sea compatible con los modelos de negocio digitales y que las personas tengan más calidad y más opciones para pagar, y esto incluye criptoactivos, cuya adopción ha sido sin precedentes. Se calcula que el año pasado habían alrededor de 130 millones de habitantes en el mundo que usaban criptoactivos y se espera que en solo cuatro años llegue a los mil millones de usuarios. Nos gusten o no, lo consideremos buenas o malas inversiones, es una realidad que allí están, también las plataformas fintech, las billeteras digitales, las plataformas de crowdfunding, estos modelos de negocio existen desde hace tiempo y Panamá no ha tomado las medidas, seguimos con una estructura de licenciamiento extremadamente arcaica, que solo favorece a la banca y que no promueve la competencia y la inclusión financiera de las personas.
¿Se indica que hay riesgo de lavado de dinero?
Lo que GAFI pide en sus notas interpretativas es mitigar los riesgos de dichas tecnologías, regular licenciando a los proveedores de servicios de este tipo de tecnologías. Ya hay muchos riesgos que se han analizado, pero lo que tenemos en Panamá es unos grandes perjuicios y una gran exclusión. Hay muchos estudios de los riesgos de criptoactivos y dicen que son mitigables. Es una pequeña parte, menos de 1% del mercado de criptoactivos que están asociados a cursos ilegales, pero lo que no queremos es que Panamá se convierta en el hogar de esas operaciones ilegales.
¿Qué similitudes hay con El Salvador?
Lo que se está haciendo en Panamá no tiene nada que ver con lo que hizo El Salvador. El Salvador tomó una medida mucho más extrema declarando bitcóin como moneda de curso legal, y eso no tiene nada que ver con la propuesta de Panamá. Acá lo que tratamos de hacer es poner al día a la República con lo que ya ha hecho Estados Unidos desde hace años, con lo que ya ha hecho Europa, Japón, Singapur, Australia, Hong Kong, las Bahamas y los Emiratos Árabes Unidos. La pregunta aquí es si ¿Panamá va a ser un centro financiero futurista, o un centro financiero dinosaurio? En este momento tenemos y somos un sistema financiero dinosaurio, cerrado al mundo, cerrado al internet, y cerrado a la innovación. Esta Ley es un primer paso hacia el futuro.
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