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Los militares tras ´la restauración moral de la república´

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Octubre, 1968. Abogados, economistas y otros civiles completan el Gabinete de la junta militar. Octubre, 1968. Abogados, economistas y otros civiles completan el Gabinete de la junta militar.
Octubre, 1968. Abogados, economistas y otros civiles completan el Gabinete de la junta militar.

El 11 de octubre de 1968, poco después de la asonada cuartelaria, encabezada por el mayor Boris Martínez, el teniente coronel Omar Torrijos y otros oficiales de la Guardia Nacional, los golpistas en busca de legitimidad le ofrecieron la presidencia de la república al vicepresidente Raúl Arango Navarro y a Ricardo J. Alfaro, quienes rechazaron la oferta, lo que desembocó en el nombramiento de una Junta Provisional de Gobierno, presidida por el coronel José María Pinilla e integrada por el coronel Bolívar Urrutia.

Al día siguiente, los jefes y oficiales de la Guardia Nacional hicieron una proclamación, indicando los motivos que lo impulsaron a dar el golpe de cuartel, entre los cuales mencionaron la designación caprichosa de concejales y diputados, y el intento del encargado del Órgano Ejecutivo Arnulfo Arias “de adueñarse del poder en forma absoluta instaurando de hecho una dictadura”. Se procedió a la suspensión de las garantías individuales y se suprimieron los partidos políticos.

Los militares golpistas se presentaron como los restauradores de la “moral republicana” y los garantes del “orden constitucional”, pese a la larga trayectoria de corrupción y represión que caracterizaba al cuerpo armado. En un documento titulado Postulados de la revolución sin dictadura y la libertad con orden, se autodenominaron Movimiento de la restauración de la república. Proponían el “adecentamiento efectivo e inmediato de la administración pública, y repudio absoluto al comunismo y a cualquier otra ideología extrema”, así como la “erradicación del peculado y fijación de las sanciones severas para quienes lo cometan, sin distingos de posición social, económica y política”. Igualmente, se buscaría ponerle “término [al] nepotismo como sistema para el logro de las posiciones oficiales” y la “fijación de una nueva escala de valores humanos, en la cual la capacidad y la honradez sean las únicas credenciales”, tanto como la “limitación del volumen burocrático, con base en un estudio científico de las necesidades reales de la nación”, como la “dignificación de los organismos de justicia, a fin de que garanticen la sanción indiscriminada, sin privilegios ni padrinazgos, de todo delincuente”, al igual que la “utilización de todos los recursos del Estado, tendiente al beneficio de los más y no al provecho de los menos”.

De la misma manera, entre los postulados enunciados “permanentes e invariables” estaban “el divorcio de la Guardia Nacional del afán político partidista, mediante legislación que prohíba la participación directa de sus miembros en los menesteres proselitistas y de elección, y que convierta a la Guardia en el organismo garante del orden y del equilibrio de los derechos eleccionarios, determinados por las instituciones creadas al efecto”. Por último, indicaron la “identificación plena de ideales y de acción entre la Junta Provisional de Gobierno y la Guardia Nacional”, así como también hicieron un “llamamiento a elecciones generales, previa designación del Tribunal Electoral, cuya trayectoria inspire confianza a todos los sectores de opinión y constituya una póliza de seguro para garantizar unas elecciones libres y puras”.

Como apuntara con acierto Humberto Ricord, este documento ponía de manifiesto que el golpe militar del 11 de octubre de 1968 “había cobrado objetivos políticos de largo plazo”, como muy pronto se comprobaría.

Fue así como la Junta Provisional de Gobierno, en “identificación plena de ideales y de acción con la Guardia Nacional”, actuó bajo las directrices trazadas por el estado mayor, que se convirtió en un cuerpo colegiado con funciones ejecutivas y legislativas, mientras cercenaba la independencia del Órgano Judicial.

En consecuencia, se legisló y gobernó por medio de “decretos de gabinete”, es decir, bajo un régimen dictatorial que invocaba en ocasiones la Constitución Nacional de 1946 para imprimir visos de legalidad a los actos arbitrarios y a la situación de facto.

FUENTES

Editor: Ricardo López Arias

Textos: Patricia Pizzurno y Celestino Araúz, profesores de historia. Universidad de Panamá

Fotografías: Colección RLA/AVSU

Comentarios: vivir+@prensa.com

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