El contralor Anel Flores se vende como el perro bravo de las finanzas públicas. Transparente, firme, recto. Pero sus actos contradicen su libreto.
Su rol es técnico, no político. Pero el 1 de julio, en plena elección del presidente de la Asamblea, apareció buscando votos para la candidata oficialista Shirley Castañeda. En la Asamblea, que lo nombró a él. Y cuando lo cuestionaron metió más la pata. Bravo, salió a decir que “le habían contado” que un empresario coclesano compró votos. Chisme sin pruebas, 101. Y luego, cuando le pidieron explicaciones, se victimizó diciendo que lo difamaban.
Eso no es fiscalización. Es matraqueo. Va contra la Constitución, contra la Ley de la Contraloría y contra el Código de Ética, que hablan de prudencia, decoro y respeto, no de operadores políticos. Al contralor le toca controlar, no hacer campaña ni ser matraqueador del Ejecutivo. Si así arranca, ¿qué podemos esperar después?
Y más allá del bochorno del 1 de julio, ¿qué ha hecho realmente en estos seis meses?
Prometió 500 auditorías en cinco meses. ¿Dónde están? ¿Cuáles se enviaron al Ministerio Público o al Tribunal de Cuentas? La Procuraduría ya expresó preocupación por la lentitud y falta de claridad en algunos informes enviados.
¿Y qué pasó con las que anunció con bombos y platillos? La de Gerardo Solís, por ejemplo, y la de Panama Ports. Dijo que esa empresa debía más de $1,337 millones, que la AMP manipulaba cifras y que presentaría denuncias penales. Y por lo menos hasta ahora no hay evidencia pública de que se hayan presentado.
De hecho, en Panama Ports habló de empresas fantasmas, contratos leoninos y delitos. Nada menor. Pero silencio. ¿Cuántas denuncias se presentaron? ¿Se exigieron reparaciones?
Habló de la “cofradía de gánster” en la Asamblea. Sí, al mismo órgano del Estado al que fue después a pedir votos para Castañeda. Ahí detectó clanes familiares, planillas infladas, gente cobrando sin trabajar. Denunció que algunos diputados manejaban planillas de más de $100 mil mensuales. ¿Qué medidas concretas se tomaron?
En el IFARHU encontró un enriquecimiento injustificado de $400 mil en Bernardo Meneses. Y presentó la denuncia. Pero el Ministerio Público estaba esperando la auditoría por peculado al menos hasta la semana pasada
A la Universidad de Panamá la llamó “guarida de fascinerosos” y “finca familiar”. Durísimo. ¿Y las acciones? Si hay delitos, uno esperaría que presentara la denuncia también contra quienes firmaron y permitieron esos abusos durante años, ¿no?
Con los docentes fue rápido: dijo que 82 eran botellas y aplicó descuentos de inmediato a más de 7 mil docentes. Bien. Pero también hay docentes que alegan estar trabajando y que no les están pagando. ¿Qué pasa con eso?
Pero en la Asamblea ha preferido postergar auditorías mientras negocia relojes biométricos. La doble vara. Que se escribe con V, no con B de Benicio.
Tampoco se salva en nombramientos. Puso como secretario general a Ventura Vega, su compañero de matraqueo. Un puesto clave, ocupado por un operador político y asesor de Mulino.
Y mientras -al estilo Ricardo Martinelli- amenazaba con publicar dossieres de diputados que pedían puestos para parientes, no publicó nada. Pero sí destituyó a la esposa de un diputado… a la que él mismo había nombrado. O sea, sí hizo favores políticos.
En resumen: Bolo Flores parece un contralor duro, pero en la práctica es más show que acción real.
Ojalá entienda que esto no se trata de robar cámara y acumular poder, sino de limitarlo. Porque después de Gerardo Solís y del vulgar saqueo del PRD, Panamá necesitaba un buen contralor. No otro que confunde trabajo con protagonismo y politiquería.
