Amnistía Internacional (AI) consideró insuficiente la creación de una fiscalía especial ordenada por el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, durante su reunión de este jueves, con los padres de 43 estudiantes desaparecidos en septiembre del año pasado.
La respuesta del Gobierno de Peña Nieto tras su reunión con las familias de los estudiantes pone de manifiesto la falta de voluntad política para esclarecer los acontecimientos del 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, estado de Guerrero.
"Las familias de los desaparecidos merecen más que palabras y demostraciones superficiales de buena voluntad. Los compromisos asumidos por el presidente Peña Nieto no tendrán significado alguno para las familias de los desaparecidos si no producen resultados tangibles," dijo Perseo Quiroz, director de AI México.
De acuerdo con la organización, la voluntad del presidente sólo podría demostrarse con acciones sólidas que trasciendan la retórica, como una investigación sobre el supuesto papel del Ejército en las desapariciones y que se permita al grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entrevistar a los militares.
En un comunicado, AI aseveró que la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) debe hacer suyas, sin reserva, las líneas de investigación propuestas por los expertos y comenzar un proceso para determinar la responsabilidad de los funcionarios que encabezaron las investigaciones hasta el momento.
"Es insuficiente la creación de una fiscalía especializada que llega de manera tardía", expuso Quiroz, citado en el comunicado.
Añadió que a dicha fiscalía se le deben proporcionar los recursos humanos y materiales necesarios, "además de tener independencia de los intereses políticos del Gobierno en turno para hacer las investigaciones adecuadas".
"El Gobierno mexicano debe brindar toda la apertura para el monitoreo internacional al trabajo de la fiscalía", puntualizó.
El portavoz del Gobierno, Eduardo Sánchez, informó en conferencia de prensa que Peña Nieto ordenó este jueves, la creación de una fiscalía especializada para la búsqueda de personas desaparecidas, durante la reunión con los padres de los 43.
Según el vocero, el presidente también pidió a la PGR incorporar "las recomendaciones y líneas de investigación que ha propuesto por el grupo de expertos" de la CIDH, que este jueves entregó al mandatario el informe del caso que presentó a principios de este mes.
Según la versión de la fiscalía, los estudiantes fueron detenidos por policías corruptos y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes presuntamente los asesinaron e incineraron sus cuerpos en un basurero del municipio vecino de Cocula.
Dicha versión fue cuestionada a principios de septiembre por el grupo de expertos independientes designados por la CIDH.
