Los fiscales generales de once países comenzaron este jueves 16 de febrero a intercambiar información en Brasilia sobre el escándalo de corrupción de la constructora Odebrecht, que reveló un submundo de financiación ilegal de la política en países de tres continentes.
La escala de los sobornos a funcionarios públicos a cambio de obras y de medidas parlamentarias que orquestó el gigantesco grupo llevó a muchos gobiernos a solicitar información a la fiscalía brasileña, que los convocó para un inusual encuentro de dos días.
De los 14 países invitados, faltaron Mozambique, Antigua y Barbuda, El Salvador y Guatemala, informó la procuraduría brasileña en el inicio de la reunión judicial, que se realiza con gran hermetismo y sin acceso de la prensa.
Los países asistentes, además del anfitrión, son Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Portugal, Perú, República Dominicana y Venezuela.
Gran parte de la investigación sobre la maquinaria de pagos de Odebrecht, un pulpo con múltiples negocios que facturó casi 40 mil millones de dólares en 2015, su último balance, está también bajo secreto de sumario.
“Habrá muchas reuniones bilaterales de procuradores”, dijo una fuente ligada a la organización, que pidió no ser identificada.
Las prácticas de esta constructora fundada en Bahia (nordeste) en los años 40 le valieron a Odebrecht, S.A. y a su filial petroquímica Braskem una multa de 4 mil 500 millones de dólares, en un caso que abarcó a las justicias de Brasil, Suiza y Estados Unidos.
El grupo indicó que tiene capacidad para pagar hasta 2 mil 600 millones, que sumados a la penalidad de unos 900 millones de Braskem, totalizarían 3 mil 500 millones, una de las mayores penalidades de la historia.
Tras resistir casi dos años, el peso de las evidencias en su contra llevó a la firma a acordar con la justicia que 77 de sus ejecutivos confesasen sus delitos a cambio de una reducción de sus penas, incluido su ex director general Marcelo Odebrecht, condenado a más de 19 años de reclusión en Brasil.
La desclasificación de esos documentos es una bomba de tiempo para Brasil y buena parte de la región.
Las primeras informaciones mostraron menciones a presidentes en ejercicio, como el brasileño Michel Temer y el colombiano Juan Manuel Santos, y exmandradatarios como el peruano Alejandro Toledo, con pedido de captura por esta causa. Todos negaron los cargos.