La justicia argentina allanó este viernes las oficinas del cementerio de Río Gallegos, 2 mil 500 kilómetros al sur de Buenos Aires, para determinar quién financió el mausoleo donde descansan los restos del expresidente Néstor Kirchner.
La causa fue impulsada por una denuncia que presentó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando era diputada, por supuesta violación de la ley de ética pública para el emplazamiento del mausoleo presidencial ante la sospecha de que fue pagado con fondos públicos.
La justicia intenta determinar si la construcción fue financiada por el empresario petrolero y de la construcción Lázaro Báez, un allegado al matrimonio presidencial arrestado el 5 de abril bajo la acusación de lavado de dinero y evasión fiscal, que asegura haber pagado la obra.
Báez, de 59 años, está imputado por desviar fondos hacia cuentas en Suiza durante los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2007 y 2007-2015).
La denuncia fue presentada primero ante el juez federal Sebastián Casanello, que investiga a los Kirchner por presunto lavado de dinero, pero el magistrado la rechazó por no tener vinculación con su investigación.
Tras sorteo, la causa recayó en el juez federal Sergio Torres, que ordenó este viernes allanar las oficinas del cementerio para recabar documentación probatoria.