ACUDE A INDAGATORIA

Álvaro Uribe, cara a cara con la justicia colombiana

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Uribe gobernó entre 2002 y 2010 con una política de seguridad de mano dura tan aplaudida como criticada. Uribe gobernó entre 2002 y 2010 con una política de seguridad de mano dura tan aplaudida como criticada.
Uribe gobernó entre 2002 y 2010 con una política de seguridad de mano dura tan aplaudida como criticada.

Álvaro Uribe, el expresidente y político más popular de este siglo en Colombia, es interrogado este martes por el máximo tribunal en un proceso que podría desencadenar su eventual juicio por manipulación de testigos.

Se trata de la primera vez que un expresidente colombiano responda en indagatoria ante la Corte Suprema.

Pero más allá de ese carácter inusual, el peso político y popularidad del también senador Uribe −jefe del partido en el poder y mentor del actual mandatario Iván Duque− hacen que su caso trascienda el ámbito jurídico y más cuando restan días para las elecciones locales del 27 de octubre.

Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010 con una política de seguridad de mano dura tan aplaudida como criticada, acudió la mañana de este martes al tribunal que juzga a los aforados.

De 67 años, el exmandatario derechista enfrenta una investigación por manipulación de testigos en su calidad de senador, que podría llevarlo a juicio por dos delitos relacionados (soborno y fraude procesal) y que son castigados con unos ocho años de cárcel.

"A mí me hicieron 21 mil interceptaciones telefónicas, a las llamadas, a los mensajes. No hay una palabra mía que viole la ley", sostiene Uribe en su defensa.

Colombia entra así en una tendencia que ha marcado a los países latinoamericanos: la de líderes populares investigados o enjuiciados después de dejar el poder y cuyos casos se convierten en terremotos políticos, dado el protagonismo que mantienen en la vida pública. Ello ocurrió con Lula en Brasil, Cristina Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador, Alberto Fujimori en Perú o Ricardo Martinelli en Panamá.

Los seguidores de Uribe convocaron para este martes a nuevas marchas de apoyo tras las que realizaron el domingo en varias ciudades, algunas de las cuales terminaron a golpes con opositores.

Por su parte, los jueces que escucharán al exgobernante deberán determinar si lo inculpan o lo liberan de sospecha. En el primer caso, enfrentaría un llamado a juicio y pueden incluso ordenar su detención para evitar que huya o interfiera en el proceso. Cualquier decisión podría tardar días en conocerse. "Es un momento difícil", comenta a la AFP Jairo Libreros, de la Universidad Externado.

Según el analista, "el nivel de polarización del país ha llevado a que muchos colombianos tomen posturas de apoyo o de rechazo al senador única y exclusivamente atendiendo cuestiones emocionales o de identidad ideológica, y dejan en segundo lugar el tema jurídico". 

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