Los candidatos a ocupar la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) defendieron hoy su autonomía, frente a propuestas para aumentar el control estatal.
Así lo dejaron saber tres de ellos, cuando participaron en un foro en Asunción, antes de la inauguración de la 44 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El ecuatoriano Juan Pablo Albán, uno de los candidatos, dijo que era “inaceptable” que los Gobiernos traten de fijar la agenda de trabajo o decidan quién puede o no dar financiación a la Comisión o la Relatoría, reportó el diario.es.
El uruguayo Edison Lanza, que también defendió la independencia de la Comisión, informó que está justificado que los Estados tomen medidas contra la concentración de medios en pocas manos. Sin embargo, aclaró que debe ser para “restituir el pluralismo” y no “para hacer daño a la democracia y al derecho de la libertad de expresión”.
El peruano David Lovatón constató una tendencia en América Latina "a criminalizar no solo la protesta social, sino criminalizar la disidencia política" y en ese sentido, dijo que los juicios contra periodistas deberían ser por la vía civil, no penal.
El argentino Damián Loreti, otro de los candidatos, no pudo desplazarse a Asunción, pero envió una declaración en video en la que cuestionó el “exceso” de penalización de periodistas por injurias contra funcionarios públicos.
Los otros dos candidatos al puesto son Francisco Cox, de Chile, e Ileana Alamilla Bustamante, de Guatemala.
La colombiana Catalina Botero abandonará su cargo en octubre próximo tras un mandato en el que países como Ecuador y Venezuela han arremetido contra la Relatoría por su condena de acciones gubernamentales que a su juicio cercenan la libertad de expresión.
Y es que Ecuador intentó este miércoles revivir el debate sobre la reforma de la CIDH al presentar un proyecto de resolución que propone mudar su sede de Washington, entre otros cambios que dividen a los miembros de la OEA reunidos en Asunción.
La copia del primer proyecto de resolución impulsado por el gobierno del presidente ecuatoriano Rafael Correa llegó el martes por sorpresa a manos de los cancilleres de la OEA y será discutido este miércoles a puerta cerrada en la reunión de la Comisión General.