La exprimera dama de Perú y funcionaria de la FAO, Nadine Heredia, podrá salir del país pero tendrá que volver cada mes ya que es investigada por supuesto lavado de activos para la campaña electoral de su marido, el expresidente Ollanta Humala.
Según lo informado este miércoles, la Segunda Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial reconoció el derecho al trabajo de Heredia y rechazó un pedido de prisión preventiva solicitado por la fiscalía. El dictamen incluye algunas medidas restrictivas como tener que retornar a Lima cada 30 días.
Heredia estaba inmovilizada en la capital peruana desde la primera semana de diciembre, forzada por un apercibimiento judicial que la conminó a volver desde Ginebra (Suiza). Allí había viajado el 22 de noviembre tras ser nombrada directora de la Oficina de Enlace de la FAO ante la ONU.
El dictamen judicial rechazó el pedido de Heredia para que cambie una orden de arraigo en Lima por una que traslade ese control al consulado peruano en Ginebra. El arraigo obliga a Heredia a acudir cada 30 días a un juzgado en Lima para un control biométrico (huella digital).
El nombramiento de Heredia provocó un inédito pleito entre la FAO y el gobierno peruano, que protestó por la decisión del director general de esa organización, el brasileño José Graziano da Silva, de designarla a sabiendas de que ella es parte de una investigación que involucra a empresas brasileñas envueltas en el caso 'Lava Jato' en Brasil.
Según la FAO, la exprimera dama solicitó a inicios de diciembre "una licencia sin goce de haberes para atender temas personales incluida la investigación en curso".
Heredia enfrenta, junto con su esposo, un proceso por presunto lavado de activos que ascienden a 1.5 millones de dólares supuestamente enviados desde Brasil y Venezuela, no declarados, y donados para financiar las campañas presidenciales de 2006 y 2011. Ambos niegan los cargos.
La tesis de la fiscalía peruana es que el dinero ilegal de Venezuela habría provenido del tesoro público de ese país durante el gobierno de Hugo Chávez, en tanto que en el caso de Brasil su origen estaría en las empresas Odebrecht y OAS.