BOLIVIA

Tribunal Supremo mantiene detención domiciliaria de Martín Belaúnde Lossio

El excolaborador del presidente Ollanta Humala tiene una medida cautelar mientras la Comisión Nacional del Refugiado se pronuncia sobre una solicitud de extradición de Perú para que responda por delitos de peculado.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia resolvió este jueves, 5 de febrero de 2015, mantener la detención domiciliaria en La Paz del empresario peruano Martín Belaúnde Lossio, exasesor del presidente de Perú, Ollanta Humala.

Uno de los magistrados del TSJ, Pastor Mamani, dijo en una rueda de prensa en ese órgano judicial, con sede en la ciudad de Sucre, que se ha firmado hoy una resolución para negar la solicitud de los abogados de Belaúnde para dejar sin efecto esa detención.

La defensa de Belaúnde, que cumple con esa medida cautelar en La Paz, argumentó que debería suspenderse la detención en tanto se pronuncie de forma definitiva la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) de Bolivia sobre la solicitud de refugio político.

Según Mamani, la petición fue hecha esta semana por los defensores del empresario, después de haber planteado hace unos días que se suspenda el trámite de extradición, una petición que aún analizan las autoridades judiciales bolivianas.

El magistrado boliviano también enfatizó que las autoridades del Gobierno de Perú tienen hasta el 31 de marzo para solicitar oficialmente la extradición del acusado de corrupción en su país.

Mamani dijo que se trata de un "plazo fatal" porque si Perú no formaliza la petición de extradición, Belaúnde quedaría libre.

El pasado 23 de enero, la Conare rechazó en primera instancia la petición de refugio solicitada por el empresario en Bolivia, quien puede apelar a una segunda instancia.

Belaúnde Lossio está acusado de gestionar intereses de empresas particulares para adjudicarles contratos con el Estado peruano en Gobiernos regionales y obtener beneficios económicos personales, por lo que un tribunal de su país ordenó en mayo pasado su detención preventiva durante 18 meses.

Según el Gobierno peruano, el empresario es el presunto autor de delitos contra la administración pública, peculado (malversación de fondos públicos) y asociación ilícita para delinquir, y tiene una orden de captura internacional desde el 11 de septiembre de 2014. 


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