La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció una "escalada" de ataques a la prensa en Nicaragua, así como la persistencia de abusos contra opositores al presidente Daniel Ortega, nueve meses después del inicio de una oleada de protestas que sacudió al país.
La CIDH, ente autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), dijo que los casos documentados muestran que se mantiene "un patrón de detenciones arbitrarias e ilegales" a disidentes y urgió a restablecer "las condiciones propias de un Estado de Derecho".
"Es muy preocupante que junto al cierre paulatino de los espacios democráticos en el país, también persistan las amenazas a la integridad y a la libertad de las personas", dijo el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, reiterando el llamado al gobierno de Ortega para que permita el escrutinio internacional en materia de derechos humanos.
Ortega, un exguerrillero de 73 años que gobierna Nicaragua desde 2007, fue sacudido en abril pasado por masivas manifestaciones opositoras, cuya represión dejó 325 muertos, más de 700 detenidos y 80,000 exiliados, según grupos de derechos humanos y de oposición.
Para examinar las denuncias, la CIDH conformó un Grupo Interdisciplinario Especial de Investigación (GIEI) y creó el Mecanismo Especial para Nicaragua (MESENI), cuyos integrantes fueron expulsados por el gobierno de Ortega el 19 de diciembre.
En su comunicado del miércoles, la Comisión señaló una "ofensiva" para censurar y cerrar medios de comunicación, detener y encarcelar periodistas, y dijo que en los últimos tres meses, más de 60 periodistas se exiliaron por amenazas de grupos controlados por el Estado.
"El Estado de Nicaragua debe cesar inmediatamente los ataques a la prensa independiente y mostrar cuanto antes apego a los principios democráticos", sostuvo el relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza.
La CIDH también denunció el aumento de las denuncias de malos tratos y castigos físicos a las personas privadas de libertad.
"Se trata de un conjunto de prácticas que reflejan el uso de la privación de la libertad como un modo de criminalizar, sancionar y neutralizar la protesta social", dijo la comisionada Antonia Urrejola, relatora de la CIDH para Nicaragua.