La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció este jueves 26 de julio que visitará Honduras del 30 de julio al 3 de agosto para evaluar la situación humanitaria en ese país, especialmente luego de la crisis política desatada tras las elecciones de noviembre pasado.
La CIDH, ente autónomo de la OEA, dijo en un comunicado que observará aspectos vinculados con justicia e impunidad, violencia, desigualdad, institucionalidad democrática, libertad de expresión y derechos sociales y ambientales, entre otros.
"En particular, la CIDH analizará la situación de derechos humanos en el contexto postelectoral", indicó. La delegación incluye a seis de los siete comisionados, entre ellos el relator especial para Honduras, Joel Hernández, además del secretario ejecutivo de la comisión, Paulo Abrao, y los relatores para la libertad de expresión, Edison Lanza, y para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Soledad García Muñoz.
Los representantes de la CIDH, que visitarán Tegucigalpa, el Bajo Aguan, San Pedro Sula, Tela y Puerto Lempira, tienen previstas entrevistas con autoridades gubernamentales de los tres poderes del Estado y miembros de la sociedad civil. También recibirán denuncias de la ciudadanía en un hotel de la capital.
La crisis política estalló en Honduras después de los comicios del 26 de noviembre de 2017, cuando decenas de miles de simpatizantes del líder opositor Salvador Nasralla reclamaron en las calles su victoria frente a lo que consideran un "fraude" del presidente Juan Orlando Hernández, que resultó reelecto.
Según Naciones Unidas, al menos 22 manifestantes y un policía murieron por la represión de las protestas. La oposición sostiene que más de 20 de sus seguidores permanecen como "presos políticos", capturados durante o después de las movilizaciones. En el marco de esas protestas, la CIDH y la oficina de la ONU para los derechos humanos en Honduras (Oacnudh) pidieron en diciembre a las autoridades hondureñas que garantizaran el respeto a la vida humana e integridad física de las personas.
Amnistía Internacional acusó en junio al gobierno de Hernández de hacer un uso excesivo de la fuerza y recurrir a detenciones arbitrarias para reprimir y disuadir a opositores que cuestionan su victoria en las elecciones de noviembre.