California: Ley sobre muerte asistida preocupa a latinos

En California, antes de que el médico pueda recetar fármacos letales, el paciente de cuando menos 18 años deberá hacer dos peticiones orales y una escrita para solicitar la eutanasia.

California: Ley sobre muerte asistida preocupa a latinos
California: Ley sobre muerte asistida preocupa a latinos

California se convertirá el jueves en el estado más reciente en permitir que personas con enfermedades terminales opten legalmente por poner fin a su vida, lo que preocupa a algunos miembros de las amplias comunidades hispana y afroestadounidense, quienes temen que la gente pobre con enfermedades graves se vea presionada a tomar medicamentos letales como una alternativa más barata a los prolongados cuidados paliativos.

California es mucho más diverso étnicamente que los otros estados donde está opción está disponible: Washington, Vermont, Montana y Oregon, el primer estado que aprobó la ley en 1997.

De las 991 personas con enfermedades terminales que han decidido tomar medicamentos para poner fin a su vida en Oregon, la mayoría han sido de raza blanca, mayores de 65 años y con un nivel elevado de estudios, de acuerdo con un informe de la Autoridad de Salud de Oregon divulgado en febrero.

En los primeros meses de este año, Compassion & Choices, organización nacional que aboga por el derecho a la eutanasia, nombró a mujeres hispanas, afroestadounidenses y filipinoestadounidenses para informar y crear consciencia entre las comunidades minoritarias.

La organización también instaló una línea bilingüe para dar información sobre la ley y realizó reuniones en lugares donde mucha gente habla español, como el Valle Central de California.

"Sabíamos que íbamos a tener que aprender a hablar sobre el tema en torno a la muerte y las maneras de morir de una manera que no solamente pudiera ser familiar para la comunidad blanca", dijo Toni Broaddus de Compassion & Choices.

En una columna escrita el 14 de abril en el Chicago Tribune, el paciente de cáncer Miguel Carrasquillo pidió a otros latinos que "rompan con el tabú cultural sobre hablar de la muerte y de la ayuda médica para morir".

Carrasquillo se llamó a sí mismo "el Brittany Maynard hispano", en referencia a la californiana de 29 años que estaba muriendo de cáncer en el cerebro cuando se mudó a Oregon para tener acceso a fármacos letales en el 2014.

Su historia atrajo más apoyo a la propuesta que luego se convirtió en ley en California.

La madre de Carrasquillo apoyaba su lucha por la opción a morir, pero su padre veía esta alternativa como una intromisión en los planes de Dios.

Carrasquillo murió el domingo de cáncer en su natal Puerto Rico, sin los fondos para mudarse a un estado donde exista el derecho a morir.

Su madre le prometió que seguiría promoviendo la práctica para que otras personas no tengan que sufrir como él. La Iglesia católica ha dicho que las leyes sobre el derecho a morir son una mala política.

Jose Gomez, arzobispo de Los Ángeles, ha advertido que las familias pobres, los afroamericanos, latinos e inmigrantes con enfermedades graves estarán en riesgo de ser presionados para tomar fármacos letales con el fin de evitar el alto costo de los medicamentos contra el cáncer y otros servicios médicos, junto con las prácticas de las aseguradoras que limitan los cuidados paliativos.

"En un estado en donde millones son obligados a depender de la atención subsidiada por el gobierno, quién puede imaginar que el gobierno continúe pagando durante meses, probablemente años, los costosos tratamientos en lugar de proporcionar un frasco barato de pastillas para suicidarse", dijo Gomez el miércoles en un comunicado.

La ley requiere un diagnóstico de que la persona tiene menos de seis meses para vivir y de que puede tomar los medicamentos sin ayuda de alguien más.

"California, al igual que Oregon, no es un estado donde predomine la raza blanca", dijo el doctor Aaron Kheriaty, director del programa de ética médica en la Escuela de Medicina Irvine de la Universidad de California.

"Debido a la diversidad étnica y cultural de California, no podemos ignorar estas realidades económicas y sociales y pretender que esta opción simplemente aumenta las opciones de todos".

El Concejo Nacional de La Raza, un grupo activista pro hispano, no ha tomado una postura pública y se negó a comentar sobre la nueva ley.


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