El Centro RFK insta a las autoridades venezolana a investigar los muertes

El Centro RFK insta a las autoridades venezolanas a investigar y procesar de manera inmediata e imparcial a los responsables de estas muertes, en lugar de perseguir a disidentes por expresar sus opiniones políticas.

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Santiago A. Canton, Director del Programa de Derechos Humanos del Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos (Centro RFK) denuncia la reciente violencia en Venezuela durante las protestas antigubernamentales, que han dado como resultado once muertos, más de 130 personas con lesiones, y más de 70 detenidos.

El Centro RFK insta a las autoridades venezolanas a investigar y procesar de manera inmediata e imparcial a los responsables de estas muertes, en lugar de perseguir a disidentes por expresar sus opiniones políticas.

"Las autoridades no deben utilizar estas manifestaciones como pretexto para silenciar o encarcelar a los disidentes políticos. El Centro RFK insta a las autoridades venezolanas a liberar inmediatamente a Leopoldo López y a todos aquellos que fueron arrestados arbitrariamente por participar en manifestaciones. Las autoridades deben cesar los ataques y la persecución a los disidentes. La democracia venezolana desde Hugo Chávez se ha basado en la persecución de los disidentes políticos, la censura de los medios de comunicación críticos y el control del poder judicial", declaró Santiago A. Canton.

"Desafortunadamente, los eventos recientes no son sorprendentes. Los actos de violencia y la participación de los grupos paramilitares son la consecuencia de un constante deterioro del estado de derecho durante más de una década".

El pasado 12 de febrero, Día de la Juventud, miles de personas manifestaron en Caracas, pidiendo la liberación de los estudiantes detenidosdurante las protestas universitarias. Los informes de la sociedad civil y de prensa, señalaron que la protesta comenzó pacíficamente, pero que más tarde los manifestantes fueron víctimas del uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad del Estado. Los oficiales uniformados y fuerzas paramilitares reaccionaron con gases lacrimógenos, balas de goma, golpes y armas de fuego contracentenas de jóvenes manifestantes que lanzaron piedras e incendiaron vehículos. Las protestas continuaron durante este fin de semana, y la cifra de muertos se elevó a once. Al menos cinco personas han muerto debido a disparos de armas de fuego.

Asimismo, el Centro RFK expresa su preocupación por los recientes ataques contra defensores de derechos humanos y periodistas, incluyendo varios casos de censura a la prensa.

Durante la cobertura de las protestas, dos periodistas fueron arrestados, otros fueron atacados e intimidados, y parte de los equipos fueron confiscados. Además, la Comisión Nacional de Comunicaciones de Venezuela (CONATEL) lanzó una advertencia a los medios de comunicación, declarando que la cobertura mediática de las manifestaciones podría constituir una violación a la Ley de Radiodifusión, que prohíbe la difusión de imágenes que inciten a la violencia y amenacen el orden público. CONATEL también ordenó a los proveedores de cable que bloqueen las emisiones del canal internacional de televisión NTN24, debido a sus reportajes sobre las protestas.

Además, de acuerdo con los informes de la sociedad civil, el defensor de derechos humanos, Inti Rodríguez, coordinador de medios de la organización PROVEA, fue detenido el 12 de febrero por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y fue llevado a un lugar desconocido donde fue retenido por dos horas y donde soportó amenazas de muerte, golpes e interrogatorios sobre las actividades de PROVEA. Asimismo, el 13 de febrero, el Ministro del Interior acusó a Humberto Prado Sifontes, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, de ser culpable de actos de violencia durante los recientes conflictos.Esto denuncia, se suma a los permanentes esfuerzos del gobierno para desacreditar al Sr. Prado por su trabajo en defensa de los derechos humanos.

Asimismo, el 18 de febrero, el líder opositor Leopoldo López se entregó a la Guardia Nacional después de que se le emitiera una orden de arresto, bajo los cargos de "homicidio" y "terrorismo" en relación a las muertes ocurridas durante las manifestaciones. Ese jueves, López encabezó una manifestación pacífica hacia el Ministerio de Justicia e Interior, donde se entregó voluntariamente. Las autoridades gubernamentales no han presentado pruebas en su contra, y él ha sostenido que tales acusaciones no son ciertas.

El 20 de febrero, los fiscales venezolanos retiraron los cargos previos, y en su lugar, culparon formalmente al líder de la oposición de incendio premeditado, daños a la propiedad pública, conspiración e incitación al crimen. En caso de ser condenado, López podría enfrentar hasta 10 años de prisión.

Mientras tanto, el 17 de febrero, las fuerzas de seguridad armadas irrumpieron en las oficinas principales del partido político de López, Voluntad Popular, sin una orden de arresto, dañando la propiedad privada e intimidando a los miembros del personal. Además, se ha emitido una orden de arresto para otro líder de la oposición, Carlos Vecchio, por su presunta responsabilidad en los hechos de violencia.

(24 febrero, 2014 | Washington D.C)

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