BOGOTÁ, Colombia (AP).- El futuro profesional de unos 26 mil estudiantes colombianos se antoja tempestuoso tras los escándalos administrativos y financieros que salpican al establecimiento donde cursan sus carreras.
El gobierno intervino días atrás a la institución universitaria San Martín, con sedes en diferentes zonas del país y con presencia en Brasil y Panamá, por el presunto desvío de miles de millones de pesos para el beneficio personal de sus dueños y por ofrecer programas de pregrado no autorizados.
En los últimos años, el crecimiento de la clase media en Colombia detonó la proliferación de entidades que ofrecen carreras técnicas y profesionales a bajo costo sin tener, muchas veces, los respectivos permisos de funcionamiento ni cumplir con los requisitos de calidad.
Carlos Forero, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), consideró que en el país "a veces se cae en la tentación de incrementar los indicadores de cobertura y acceso (a la educación superior), descuidándose la calidad". "Tenemos que volver los ojos sobre la excelencia académica, más cuando la población que se atiende es de menores recursos... No se puede pensar que por su condición se tienen que conformar con una educación de poca calidad", agregó en entrevista telefónica con The Associated Press.
Precisamente, la intervención a San Martín —propiedad del abogado Mariano Alvear y su familia— es el inicio de una purga a la educación superior para garantizar su calidad, por parte del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, quien tiene en la mira al menos a otras 10 instituciones señaladas de supuestas acciones irregulares.
Mientras la Fiscalía General realiza las investigaciones contra San Martín, se ordenó, entre otras medidas, la cesación de matrículas de nuevos estudiantes, la suspensión temporal de registros calificados y la orden de que sus recursos y bienes sean administrados en adelante por una fiduciaria. Aunque Santos ha aclarado que la intención de la medida es "proteger a los estudiantes" y garantizarles una formación de excelencia, lo cierto es que sus futuros diplomas o títulos profesionales quedaron ya manchados con el escándalo que rodea a San Martín.
Si el propio gobierno "nos tacha como 'universidad de garaje' (que no cumple con los estándares de calidad), y eso lo trasmiten los medios de comunicación, las personas (los empleadores) se van a dejar llevar por los comentarios y nos van a afectar nuestro empleo profesional", lamentó Danna Sarmiento, estudiante de octavo semestre de Psicología de San Martín.
Sarmiento, de 23 años y quien es representante ante el Comité Nacional de Estudiantes de San Martín, reclamó al gobierno por demorarse en intervenir la institución, cuyos supuestos manejos fraudulentos de dinero por parte de la familia Alvear tienen viejos antecedentes.
La ministra de Educación, Gina Parody, y el presidente Santos "nos están echando el agua sucia y haciendo que paguemos los platos rotos por todos los malos manejos administrativos, pero es algo que ellos debieron controlar hace mucho tiempo".
La tasa de cobertura de educación superior en Colombia es del 45.5%, lejos de países como Cuba y Puerto Rico que registran 95%, según datos de 2013 de la UNESCO.
El servicio es prestado por al menos 288 instituciones, 81 de las cuales son universidades y 121 son instituciones universitarias, como en el caso de San Martín.
El congreso colombiano aprobó en octubre el presupuesto nacional por un valor de 216.2 billones de pesos (unos 104 mil 452 millones de dólares), de los cuales 29.4 billones de pesos (14 mil 208 millones de dólares) serán destinados a educación. Esta es la partida más alta, seguida del dinero destinado a defensa y seguridad (28.1 billones de pesos o 13 mil 580 millones de dólares).