El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el procurador general, Alejandro Ordóñez, protagonizaron el viernes 27 de marzo de 2015, el más reciente de sus enfrentamientos verbales.
Tras varios días de críticas por parte del primer fiscalizador del país hacia las acciones adoptadas por el Ejecutivo tras conocerse la supuesta participación del magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, en un supuesto acto de corrupción, y luego de haber declarado Ordóñez a los medios que estaba “perplejo” por la supuesta “exclusión” de los generales Óscar Naranjo y Jorge Enrique Mora de las negociaciones en La Habana, el mandatario cuestionó el viernes en la clausura del Consejo Nacional de Municipios lo que calificó como “mentiras” sobre el diálogo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y después aludió específicamente a lo dicho por Ordóñez.
“¿Cuántas veces lo hemos explicado”, expresó el mandatario, y agregó que los generales mencionados no han dejado de ser negociadores plenipotenciarios y que adicionalmente asumieron explicar los avances del proceso a las fuerzas militares, a través de unas jornadas que denominó "Pedagogía por la Paz".
“Entonces, ¿cómo sale el procurador general a declararse perplejo; ¿perplejo? ¡Hágame el favor! Yo sí le pido al procurador que deje de hacer política, deje de meterse en el proceso de paz, que eso es una responsabilidad mía, del presidente de la República”, remarcó.
Horas después, Ordóñez le respondió a Santos en una carta. Le dijo “serénese” y le aseguró que se seguirá “metiendo” en las negociaciones. Y añadió que el proceso “no está por encima de la Constitución, ni el presidente por encima de la ley, ni siquiera con la excusa de la paz”.
También le recordó a Santos que él le entregó un cuestionario con 45 preguntas acerca del proceso de paz el 13 de marzo, cuando se reunieron en la Presidencia para tratar de abrir un canal de comunicación sobre el tema, del cual Ordóñez siempre ha sido muy crítico. “Aún no he recibido las respuestas”, indicó.
“Usted, como cualquier otro funcionario, tiene la obligación constitucional y legal de responder”, para que la Procuraduría pueda “ejercer el control sobre el gobierno”, le señala Ordóñez.
“Ni la mesa de La Habana ni el presidente son soberanos. Tienen los límites que el ordenamiento jurídico les impone. A la Procuraduría le corresponde defender el ordenamiento jurídico, los derechos de las víctimas y propugnar por su reparación”, enfatizó en la carta, en la que también le advierte que ampliará el cuestionario en cuanto al punto de la justicia transicional.
Además, pregunta si el gobierno está negociando la suerte de los militares y policías, y de ser así, cuál es el fundamento legal que le otorga la competencia para discutir con las FARC el tratamiento que se les va a dar.
Ayer, sábado 27 de marzo, el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, salió en defensa de Santos. “Ordóñez parece un opositor al proceso más que el procurador general”. “El señor procurador tiene unas posiciones sobre el proceso que el gobierno respeta profundamente, lo que parece a veces exagerado es su actitud, la crítica y su cuestionamiento diario”, indicó.
El procurador también cuestionó fuertemente al mandatario por el caso Pretelt, luego de que miembros del Ejecutivo solicitaron la renuncia del magistrado tras estallar el escándalo de su supuesto cobro de unos 151 mil dólares por torcer un fallo judicial ligado a una petrolera privada. Argumentó que eso viola el principio de inocencia de todo ciudadano.
Además, tras conocerse que entre las reformas que Santos incluiría en el proyecto de reforma a la ley de Equilibrio de Poderes se establece la facultad del Presidente de nombrar a los miembros del primer Tribunal de Aforados, que se encargará de procesar a los magistrados de las altas cortes. "Eso impide romper el cordón umbilical entre la política y la justicia", recalcó.
De hecho, el pasado 24 de marzo, esas palabras textuales las pronunció el mandatario al anunciar las reformas estructurales al sistema: "Primero: hay que romper, de una vez por todas, el cordón umbilical entre la política y la justicia, que tanto daño ha hecho. Esa es tal vez la mayor falencia".
(Con información del diario El Tiempo y la agencia de noticias EFE).