COLOMBIA

Condenan a 34 años de prisión a militares por ejecución extrajudicial

La víctima era un reciclador que padecía problemas mentales, y que la noche del supuesto enfrentamiento estaba en su residencia. 

Los condenados son seis militares que reportaron la muerte como resultado de un combate contra miembros de las FARC y el ELN.

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Foto del 23 de septiembre de 2012 en la que se aprecia a integrantes del grupo de mujeres "Madres de Soacha" en una concentración en el municipio de Soacha, para recordar la muerte de 19 jóvenes a manos de militares cuatro años antes, lo que dio comienzo a las investigaciones por los llamados "falsos positivos". Foto del 23 de septiembre de 2012 en la que se aprecia a integrantes del grupo de mujeres "Madres de Soacha" en una concentración en el municipio de Soacha, para recordar la muerte de 19 jóvenes a manos de militares cuatro años antes, lo que dio comienzo a las investigaciones por los llamados "falsos positivos".
Foto del 23 de septiembre de 2012 en la que se aprecia a integrantes del grupo de mujeres "Madres de Soacha" en una concentración en el municipio de Soacha, para recordar la muerte de 19 jóvenes a manos de militares cuatro años antes, lo que dio comienzo a las investigaciones por los llamados "falsos positivos". EFE/Manuel Barrero/Archivo

Un juzgado de Colombia condenó a 34 años de prisión a seis militares, entre ellos dos sargentos, por haber ejecutado extrajudicialmente a un civil para presentarlo como guerrillero muerto en combate, informó la noche de ayer, martes 30 de junio de 2015, la fiscalía nacional.

Funcionarios del ente acusador demostraron en juicio la culpabilidad de dos sargentos del Ejército y cuatro soldados profesionales, adscritos a un batallón de contraguerrilla, "en calidad de coautores de los delitos de homicidio en persona protegida y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego de defensa personal y de uso privativo de las Fuerzas Militares", según un comunicado de la fiscalía.

De acuerdo con el texto, los militares "dieron muerte" a Wilfrido Chantrix Quiroz el 21 de octubre de 2003, "reportando el deceso como resultado de un supuesto combate contra miembros de las guerrillas de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional)", en el municipio de Agustín Codazzi, departamento del Cesar (norte).

La víctima era un "humilde reciclador en Codazzi que padecía problemas mentales, que la noche del insuceso se encontraba en su residencia, no tenía vínculos con grupos subversivos y jamás portó armas de fuego", agregó el documento.

Paradójicamente, uno de los sargentos condenados, José de Jesús Rueda, es "actual jefe de Derechos Humanos del Batallón Nueva Granada" con sede en la ciudad de Barrancabermeja, departamento de Santander (noreste), indicó el texto.

"El dictamen de la necropsia y el informe de balística no eran concordantes con lo manifestado por los militares sobre el supuesto combate, por la ubicación de los tiradores y la posición del cuerpo de Chantrix Quiroz", añadió el comunicado.

Colombia vive un conflicto armado de más de 50 años en el que han participado guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha, fuerzas militares y bandas narcotraficantes, que ha dejado al menos 220 mil muertos y más de seis millones de desplazados.

Según la oenegé con sede en Washington, Human Rights Watch (HRW), la fiscalía colombiana investiga cerca de 3 mil de estos casos, conocidos en el país como "falsos positivos". No obstante un día después de que la organización denunció que altos cargos involucrados en los falsos positivos no han rendido cuentas ante la justicia, fuentes judiciales revelaron que la cifra ya asciende a 4 mil 475

En el informe de HRW, presentado el pasado 25 de junio, denunciaron que unos 16 militares que son generales hoy, eran comandantes de brigadas que realizaron ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008, años de la confrontación más fuerte contra la guerrilla. 

En mayo, el vicefiscal de la Corte Penal Internacional James Stewart afirmó que estos casos son "fuente de preocupación" para el organismo internacional porque los procesos judiciales relacionados "no se habían centrado en las personas que podrían tener mayor responsabilidad dentro de la jerarquía militar", pese a las más de 817 sentencias condenatorias contra uniformados por estos crímenes, según cifras recientes de la fiscalía colombiana.

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