El presidente Juan Manuel Santos anunció el jueves que el embajador colombiano en Caracas será llamado a consultas cuando se ha cumplido una semana del cierre de la frontera con Venezuela por parte del presidente del vecino país Nicolás Maduro.
En una transmisión por televisión, Santos dijo que dio órdenes a su canciller María Angela Holguín "para que llame a consultas a nuestro embajador en Venezuela", Ricardo Lozano.
También instruyó a la canciller a que convoque a una reunión extraordinaria de cancilleres de Unasur, porque –dijo– “queremos contarle al mundo, comenzando por Unasur, lo que está sucediendo (en la frontera), porque eso es totalmente inaceptable”, informó la Presidencia de Colombia en su página web.
Se quejó de que autoridades venezolanas no dejaron entrar al Defensor del Pueblo colombiano, Jorge Armando Otálora, a San Antonio del Táchira, localidad fronteriza venezolana.
La Defensoría del Pueblo colombiana informó que ha recibido 451 quejas "siendo el desalojo de vivienda el tema común entre los denunciantes, que además advierten situaciones como la desintegración familiar con 113 casos, el maltrato físico y verbal de las autoridades venezolanas con 115 hechos reportados; la destrucción de viviendas, con 52 declaraciones; el despojo de pertenencias durante los desalojos, con 41 quejas, y la retención de documentos, con 32".
El presidente Maduro objetó las declaraciones que realizó el presidente Santos durante una visita el miércoles a la frontera. "El presidente Santos la embarró en (la ciudad colombiana de) Cúcuta porque mintió", dijo el gobernante venezolano durante un acto en Caracas.
Afirmó que al mandatario colombiano "lo engañaron vilmente", y que todo lo que dijo es "falso". Y luego se refirió a un encuentro el miércoles en Cartagena de Indias, de las cancilleres de ambos países, María Angela Holguín y Delcy Rodríguez, que concluyó sin acuerdo sobre el cierre fronterizo.
"Nosotros fuimos de buena fe a Cartagena ayer y se estaba iniciando un camino allí, y vino el presidente Santos...la embarró", agregó. Afirmó que mantendrá la medida de cierre de los pasos fronterizos en el estado suroccidental del Táchira hasta que el gobierno de Colombia proteja a los habitantes de departamento colombiano del Norte del Santander de los ataques de paramilitares, y hasta que el gobierno de Santos prohíba la venta en territorio colombiano de productos venezolanos sacados de contrabando, según adujo.
Para la canciller colombiana la cooperación entre los dos países es la herramienta para combatir el contrabando y no el cierre de la frontera. En una entrevista con la emisora local Caracol Radio, Holguín indicó que Santos ha tratado sin suerte de comunicarse con Maduro. "El presidente Santos lo llamó el fin de semana y no había recibido respuesta de él", explicó.
En tanto, Éver Montes, de 37 años, contó a The Associated Press por teléfono cómo fue su deportación el sábado después de vivir casi 20 años en Venezuela. "Nos tuvieron en una cancha al sol y nos sacaron de la casa a las seis de la mañana, como a unos perros. Nos pusieron al sol como hasta las 11... Nos tuvieron todo el día sin agua, sin darnos nada. Había niños y mujeres. A las cuatro de la tarde nos montaron en un bus", relató.
Su esposa, que se encuentra embarazada, se quedó en San Antonio del Táchira.
La víspera Santos sostuvo que "no es admisible, bajo ninguna circunstancia, la forma como muchos colombianos han sido expulsados del territorio venezolano dejando atrás hijos, muchos de ellos niños, como la hija de 12 años de una señora que me contó su historia y que se quedó al otro lado de la frontera mientras a su mamá la sacaban de donde había vivido por años".
El cierre de los pasos fronterizos en Táchira está generando pérdidas millonarias a empresas y comercios que operan en la región y se teme que la situación económica se agrave de persistir el cierre. Más de 50% de las miles de empresas, industrias y comercios que operan en los seis municipios de Táchira se encuentran paralizadas parcial o totalmente por falta de personal, materia prima e insumos, indicó el jueves Isidoro Teres, presidente de la comisión de asuntos fronterizos de la mayor cámara de empresarios de Venezuela.
Teres explicó que cerca de 80% de los trabajadores de las empresas venezolanas de la frontera son colombianos y al cerrarse los pasos fronterizos e impedirse el tránsito hacia Venezuela la mayoría de las industrias y comercios se han quedado sin empleados. A ello se suma el hecho de que cerca de 20 mil venezolanos que habitan en las localidades fronterizas laboran en Colombia y desde que se cerró la frontera no han podido llegar a sus trabajos, lo que ha puesto en riesgo su estabilidad laboral y económica, precisó el dirigente empresarial.