escandalo de corrupcion

Colombia dice que sobornos de Odebrecht son el triple de lo conocido

Odebrecht sobornó a docenas de funcionarios y ejecutivos colombianos para obtener seis contratos con el gobierno desde 2009 a 2014.

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Colombia rechazó ofertas de Brasil para compartir pruebas porque llegaron con la condición de que ni Odebrecht ni sus ejecutivos podrían ser implicados en los crímenes. Colombia rechazó ofertas de Brasil para compartir pruebas porque llegaron con la condición de que ni Odebrecht ni sus ejecutivos podrían ser implicados en los crímenes.
Colombia rechazó ofertas de Brasil para compartir pruebas porque llegaron con la condición de que ni Odebrecht ni sus ejecutivos podrían ser implicados en los crímenes. AFP/Archivo

Odebrecht, S. A., el gigante brasileño de la construcción, pagó al menos $32.5 millones en sobornos en Colombia, tres veces la cantidad que confesaba hace casi dos años cuando admitió haber llevado a cabo uno de los esquemas de soborno más grandes en la historia corporativa, dijo el fiscal general de Colombia.

En una entrevista en su oficina de Bogotá, el fiscal general Néstor Humberto Martínez describió un escándalo más profundo y generalizado que el admitido por Odebrecht en un acuerdo con las autoridades brasileñas y estadounidenses en 2016. Ese acuerdo enumeró $11.1 millones en sobornos pagados para ganar dos proyectos de infraestructura colombianos como parte de una trama que afectó a una docena de países en América y África.

Martínez dijo que los $11.1 millones provinieron de Brasil y el resto de los contratos colombianos, lo que aumenta el nuevo total a $32.5 millones. Odebrecht sobornó a docenas de funcionarios y ejecutivos colombianos para obtener seis contratos con el gobierno desde 2009 a 2014, dijo Martínez. Casi tres docenas de personas ya han sido acusadas y cinco condenadas, incluido un exsenador y un ex viceministro. La fiscalía también presentó pruebas ante la Corte Suprema contra otros nueve políticos.

El excepcional alcance global del soborno de Odebrecht emergió en 2016 cuando la empresa alcanzó un acuerdo de $3 mil 500 millones con las autoridades estadounidenses, brasileñas y suizas. Admitió haber pagado $788 millones en una docena de países por más de 100 contratos en lo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos llamó el mayor caso de corrupción extranjera en la historia.

Desde entonces, la compañía ha llegado a acuerdos con varios gobiernos latinoamericanos, incluidos Panamá, República Dominicana y Perú. En Colombia, el caso se ha alargado y Odebrecht ha dado a entender que la demora es el resultado de autoprotección. Además, Odebrecht está buscando una compensación de hasta $1.300 millones por el trabajo que hizo en la carretera más grande de la nación antes que se detuviera por el escándalo de soborno. Las audiencias en ese caso fueron postergadas al 11 de septiembre.

Martínez dijo que la investigación se ha alargado tanto tiempo porque es compleja y profunda, y Colombia quería hacer su propia investigación. Solo en la región, Colombia rechazó ofertas de Brasil para compartir pruebas porque llegaron con la condición de que ni Odebrecht ni sus ejecutivos podrían ser implicados en los crímenes.

"Colombia fue el único país que no aceptó recibir pruebas de los fiscales brasileños", dijo. "Es por eso que pudimos llevar esta investigación al punto donde está. Es por eso que hay tres brasileños acusados con órdenes de arresto pendientes". Los tres -Amilton Hideaki Sendai, Eder Paolo Ferracuti y Marcio Marangoni- todos ocuparon puestos en Odebrecht o en una filial y se cree que están en Brasil, dijeron los fiscales. Las llamadas a Odebrecht Colombia en busca de comentarios no fueron respondidas.

¿CONFLICTO DE INTERESES?

Martínez, miembro del gabinete en tres gobiernos colombianos, ha sido acusado de conflicto de interés en el caso porque antes de convertirse en fiscal general en 2016 fue un abogado clave para Grupo Aval, la empresa matriz del socio colombiano de Odebrecht en uno de sus contratos. La implicación ha sido que él está protegiendo a su empleador anterior.

Grupo Aval, el grupo bancario más grande de Colombia y controlado por Luis Carlos Sarmiento Angulo, se asoció en 2010 con Odebrecht para construir una sección de una carretera de mil kilómetros llamada Ruta del Sol que conecta la región de Bogotá con la costa del Caribe. Lo hizo a través de la compañía que controla Corficolombiana SA. Grupo Solarte, una empresa de construcción familiar, también adquirió una participación minoritaria.

Martínez rechazó la acusación de conflicto de intereses. Dijo que en las dos ocasiones en que los casos de Odebrecht han pasado por su despacho, se recusó, con permiso del tribunal. Mostró una copia de una de esas decisiones judiciales, con fecha del 21 de junio. Martínez dijo que también se haría a un lado para futuros casos de Odebrecht.

María Paulina Riveros, la vicefiscal general que ha reemplazado a Martínez, dijo que uno de los arrestados es José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana. Se espera que el juicio contra Melo, que se encuentra bajo arresto domiciliario, comience este mes.  "Me sorprende que haya una percepción de tratamiento diferente para aquellos vinculados al caso", dijo Riveros.

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