El jefe de una misión antimafias de la ONU en Guatemala, el exjuez colombiano Iván Velásquez, demandó el jueves un compromiso nacional para combatir la impunidad, debido a los escasos recursos del sistema de justicia guatemalteco.
"Ha sido la insistencia persistente, permanente, nuestra un compromiso de país para mejorar el sistema de justicia no solo cuanto a la normativa, sino capacidad operativa", afirmó Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en una reunión con la prensa extranjera.
Velásquez, que en octubre cumple cuatro años al frente de la Cicig, una misión única de la ONU, está en el centro de un sismo político luego que el presidente Jimmy Morales ordenó su expulsión del país el pasado 27 de agosto, la que fue rechazada por la justicia.
El presidente tomó la decisión dos días después que Velásquez y la fiscal general Thelma Aldana pidieran levantar la inmunidad a Morales para ser investigado por presunto financiamiento electoral ilícito en 2015. Además, el lunes el Congreso rechazó quitar los fueros al gobernante evitando la investigación en su contra.
"La presencia de la Cicig no puede generar la expectativa que por su accionar se reduzca la impunidad, por una circunstancia, porque es que en la impunidad están toda clase de delitos", argumentó.
Detalló que el mandato de creación de la Cicig en 2006 le permite apoyar a la fiscalía en investigaciones contra la corrupción y desmantelar cuerpos ilegales incrustados en el Estado guatemalteco.
No obstante, el director del ente de la ONU señaló que Guatemala debe meterse de lleno a reforzar el sistema de justicia para atacar a esas estructuras criminales.
"He insistido que es indispensable para que la lucha contra la corrupción fructifique y para que sea una realidad para el país que el sistema de justicia debe robustecerse, debe fortalecerse", agregó.
Para lograr ese cometido es indispensable una reforma constitucional para dotar de recursos y capacidades a los operadores de justicia. El exjuez afirmó que los fiscales tienen un acumulado de delitos contra la vida que les tardaría 15 años en resolver, pero en ese lapso por "la tasa de homicidios anuales se habrían cometidos otros 90 mil homicidios".
Además, la fiscalía solo tiene presencia en 34 de los 340 municipios de Guatemala, es decir solo el 10% del territorio, dijo. "El sistema de justicia debe robustecerse si es que se piensa luchar en serio contra la impunidad" en el país, insistió. El mandato de la Cicig concluye en 2019 y puede ser prorrogado por mutuo acuerdo entre la ONU y el gobierno guatemalteco.