Un nuevo episodio de violencia se registró hoy, 19 de agosto de 2015, en Ecuador, en el marco de las protestas que lidera la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) en rechazo a las políticas de gobierno del presidente Rafael Correa y su intención de reformar la Constitución para, entre otras cosas, instaurar la reelección presidencial indefinida.
La acción de fuerza, que tuvo lugar en Macas, capital de la provincia de Morona Santiago, fue denunciada a través de su cuenta de Twitter por el ministro de Interior, José Serrano Salgado, quien señaló: “La irresponsabilidad de los señores [Marcelo] Chumpi, Franco Viteri, Jorge Herrera nos obliga a tomar acciones en Macas”, “responsabilizamos a estos dirigentes de todos los actos de violencia”.
2/2 responsabilizamos a estos dirigentes de todos los actos de violencia en Macas pic.twitter.com/5ofdV1aM8i
2/2 responsabilizamos a estos dirigentes de todos los actos de violencia en Macas pic.twitter.com/5ofdV1aM8i
— José Serrano Salgado (@ppsesa) August 19, 2015
Información divulgada por medios locales indica que los indígenas trataron de tomarse la dirección distrital de Educación y las instalaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado de Morona Santiago, donde había un grupo de agentes antidisturbios que fue atacado con palos y lanzas con punta.
En una entrevista con el diario El Telégrafo, Eduardo Calvas, secretario del estatal Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico (Ecorae), confirmó la situación y detalló que los indígenas arremetieron contra civiles presentes y militares con lanzas y con perdigones de escopetas y caribanas que ellos utilizan como herramientas de cacería. "Oportunamente la Policía intervino y se logró restituir el control del área", declaró al diario.
Calvas responsabilizó de lo sucedido a políticos que están desesperados por manejar el poder político y económico en el país, en alusión a “los Pachakutik, los banqueros, que perdieron en las urnas y hoy quieren tomarse el país entero”. “Eso es lo que está haciendo la oposición, de manera perversa, los están exponiendo, quieren causar el caos en la ciudad y el país y creo que debemos rechazar eso con firmeza todos los ecuatorianos y ecuatorianas”, apuntó.
Momentos tensos se viven en #Macas manifestantes agreden a policías con lanzas @ppsesa @PoliciaEcuador @AmazoniaEc pic.twitter.com/E4NGopA2C5
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— Eduardo Calvas (@jecalvas) August 19, 2015
Los enfrentamientos tuvieron lugar horas antes de una movilización prevista para esta tarde, que fue convocada por grupos sindicales anoche, los cuales anunciaron que están dispuestos a preparar una huelga nacional.
El diario La Hora reportó que Mesías Tatamuez, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut), aseguró que la huelga es una medida extrema a la que los está llevando el Gobierno al desconocer la relevancia que tuvo el paro del 13 agosto.
EL PRESIDENTE ES UN SOFISTA

Carlos Pérez, presidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa (Ecuarunari), quien fue golpeado y detenido junto a su compañera, la periodista Manuela Picq, el pasado jueves, rechazó los señalamientos del Gobierno de que el movimiento indígena está promoviendo la violencia y el caos. Aseguró que ellos ejercen el derecho milenario a la resistencia, que está garantizado no solo en el artículo 98 de la Constitución sino en muchos instrumentos internacionales.
En un contacto con NTN24 Pérez alegó que el presidente es “un sofista perfecto, una mentira termina por convertirla en verdad”.
“La violencia viene de Carondelet cuando aprueban una ley que permite la privatización del agua, que pretenden ahora levantar el patrimonio de la comunidad para entregarlo a los municipios y a la empresa privada, que aprobaron una ley de minería imprevista, que aprobaron un código orgánico integral penal que acumula penas y agrava las penas, que aprobaron un decreto ejecutivo 16 que es una suerte de persecución al estilo ‘fascistoide’”, declaró.
Añadió que también es violencia la criminalización que el Estado ha hecho de la lucha social, apresando a 200 personas, aunque aclaró que del jueves pasado a la fecha quedan unos 120 indígenas detenidos. Según un balance de la Fiscalía General han sido arrestadas 111 personas, de las cuales 95 aún siguen en prisión.
A través de su cuenta de Twitter, el presidente Correa llamó a "liberarnos del chantaje de ciertos grupos que quieren mantener al país como su rehén. Inaceptable que en siglo XXI se cierren vías como forma de 'protesta'. Es ilegal, ilegítimo, y la mayor muestra de la prepotencia que dicen combatir, pues por la fuerza atentan contra los derechos de los demás y quieren someter al país. Más aun, ni siquiera reclaman derechos, sino que quieren imponer una agenda política contundente y recurrentemente derrotada en las urnas. Claudicar ante eso sería retroceder décadas al país".
En Macas, agregó Correa, hubo violencia extrema, básicamente por suspensión de carretera a Taisha, por incumplimientos ambientales del Prefecto, que está cometiendo un verdadero ecocidio. "¿Dónde están los 'ambientalistas'? ¡Cuánta doble moral! En Saraguro, hay un policía desaparecido, secuestrado por manifestantes, como registran las cámaras del ECU911. ¡No retrocederemos ante la violencia! ¡Hasta la victoria siempre!", tuiteó.
INTIMIDACIÓN EN SARAGURO

Luis Villacís, representante del opositor Movimiento Unidad Popular, señaló que el gobierno del presidente Correa viene en una cadena casi permanente de violación a derechos fundamentales y que el día del paro nacional no fue la excepción.
“Ese día se reprimió de manera brutal, sobre todo en la capital de la República, en donde se golpeó de manera inhumana a Carlos Pérez, presidente de Ecuarunari, se golpeó y se arrastró a su compañera Manuela Picq, se la detuvo ilegal y arbitrariamente, y lo propio sucedió con el dirigente Salvador Quishpe, prefecto de la provincia de Zamora en la amazonía, y Severino Sharupi, que también es dirigente de la Conaie y fue brutalmente agredido por las fuerzas policiales”, relató.
En todo caso, dijo Villacís, creo que el gobierno del presidente Correa se ha desenmascarado tanto a nivel de Ecuador como internacional, como un gobierno violador de los derechos humanos.
Como ejemplo, el político denunció que la noche de ayer el Gobierno realizó un operativo en Saraguro, en la provincia de Loja, durante el cual ingresó “de manera arbitraria e ilegal, rompiendo puertas de varios hogares, y hay al momento 30 detenidos, incluso menores de edad”, apuntó.
A través de un comunicado -colgado en su sitio web- la Conaie denunció y rechazó lo que calificó de brutal operativo policial. Además, repudió el ingreso a sus territorios comunitarios y el allanamiento a las viviendas, y calificó las detenciones como arbitrarias porque las personas fueron sacadas de sus hogares, donde, dice, no estaban cometiendo ningún delito.
URGE UN PUENTE PARA EL DIÁLOGO
Unas horas antes de lo ocurrido en Saraguro, Billy Navarrete Benavides, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la defensa de los derechos humanos de Ecuador, manifestó en NTN24 que no ven visos de que la situación tendrá un alivio. “Creemos que hay necesidad de encontrar puentes para que estas controversias se manejen dentro del diálogo, ese diálogo que ha prometido el Gobierno”, pero que, alegó, fue precedido de insultos y descalificaciones contra los opositores, que no es algo que se espera cuando se quiere que el otro se siente a dialogar.
Navarrete manifestó preocupación por los 75 detenidos que se conocen de manera oficial, especialmente en sectores rurales, así como la emisión del decreto de emergencia que tildó como “un ingrediente altamente grave” para la de por sí tensa situación que vive el país.
No cabe que se use una medida excepcional –argumentó- para responder a una cosa que debe ser respondida de una manera absolutamente convencional.
Billy Navarrete
Comité Permanente por los DDHH
Como un elemento positivo dentro de la crisis, Navarrete mencionó el hecho de que esta semana la juez a cargo de la decisión del caso de la periodista Picq optó por suspender su deportación y ordenar la investigación y sanción de los malos procedimientos que se siguieron. No obstante, Pérez, pareja de la periodista, informó hoy que la situación de ella sigue en el limbo, ya que su pasaporte se extravió, no saben si en el juzgado o en el centro de reclusión, y que su visa está por vencerse en agosto, por lo que no están seguros de qué sucederá.
Sobre el resto de los detenidos, el secretario del Comité de defensa de derechos humanos explicó que están haciendo las averiguaciones pero les cuesta mucho trabajo, ya que por parte de las autoridades no hay mucha apertura para facilitar información exacta.
Human Rights Watch (HRW) se pronunció el pasado 17 de agosto. El director para las Américas de la organización, José Manuel Vivanco, dijo que la organización "ha recibido denuncias creíbles de que la Policía ecuatoriana empleó un uso excesivo de la fuerza, incluyendo golpizas a manifestantes no violentos y desarmados".
Vivanco indicó que aunque algunos manifestantes "presuntamente recurrieron a la violencia", la mayoría no lo hizo. "Cualquier manifestante que haya actuado de forma violenta debe rendir cuentas por sus actos, pero sus acciones no justifican de ninguna manera el uso de la fuerza en contra de manifestantes pacíficos y desarmados", agregó en un comunicado.
La agencia de noticias AP informó a las 4:00 p.m. de hoy que unos 200 indígenas acampaban en un parque del centro norte quiteño mientras las mayores manifestaciones se registraban principalmente en el sur del país y la Amazonia, y que Pablo Serrano, presidente del Frente Unitario de Trabajadores, el máximo organismo sindical del país, dijo a corresponsales de prensa que les van "a preguntar [a las bases] cuál será el proceso y las estrategias de ahora en adelante para sostener el levantamiento indígena y las diferentes movilizaciones".
