Una jueza salvadoreña decidió que continúe el proceso penal contra el expresidente Elias Antonio Saca, tres de sus exfuncionarios más cercanos y tres empleados de la Presidencia de la República, que enfrentan cargos de peculado, agrupación ilícita y lavado de dinero.
"Jueza decreta instrucción formal con detención provisional para todos los imputados en el caso "DestapeALaCorrupción", publicó el sábado la Fiscalía General de la República en su cuenta oficial de Twitter.
La Fiscalía precisó que la jueza Cuarta de Paz, Nelly Pozas, tomó la decisión el viernes tras considerar que existen indicios de los delitos que se les imputan. También ordenó que se embarguen los bienes y cuentas bancarias de todos los imputados.
"Estamos satisfechos, la resolución ha sido muy atinada. Resaltó la posición de la señora jueza, una resolución muy ajustada a derecho conforme a la valoración que hizo de cada uno de los elementos o evidencia que fueron probadas", declaró el jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República, Jorge Cortez.
Destacó que llevar a los tribunales a un expresidente y varios de sus funcionarios demuestra que "las instituciones están funcionando".
Por su parte, la defensora de los tres empleados de la Presidencia de la República expresó su descontento por la estructura como la jueza ha manejado el juicio, "delito por delito y no persona por persona", metiendo a todos en el mismo nivel de comisión de los supuestos delitos, sin tomar en cuenta que ellos solo son empleados y recibían órdenes de sus superiores.
"Esta resolución es más una repetición o un tatuaje del requerimiento fiscal. No se ha desvirtuado ninguno de los argumentos de los equipos de defensores, sino simplemente se ha dicho que la Fiscalía tiene razón", manifestó la abogada Tania Pastore.
Saca, de 51 años y quien gobernó el país de 2004 a 2009, fue detenido hace una semana. Las autoridades sostienen que desvió al menos 270 millones de dólares y que de ese monto, unos 116 millones fueron cobrados en efectivo y remitidos a cuentas particulares de empleados de la Casa Presidencial y luego transferidos a cuentas y empresas, algunas de Saca.
Junto a Saca están siendo procesados Elmer Charlaix, quien fuera su secretario privado; César Funes, quien se desempeñó como secretario de Juventud; y Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones.
Otros detenidos son Francisco Rodríguez Arteaga, jefe de la unidad financiera de Casa Presidencial; Jorge Alberto Herrera, tesorero de la misma institución; y Pablo Gómez, contador del secretario privado de la Presidencia.
De ser encontrado culpable, el exmandatario podría ser condenado a un máximo de 32 años de prisión.