SAN JOSÉ, Costa Rica. (ACAN-EFE).– La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), con sede en Costa Rica, realizará la próxima semana audiencias por la desaparición forzada de niños en El Salvador, violaciones a derechos territoriales indígenas en Panamá y una detención arbitraria y tortura en Perú.
La CorteIDH indicó en un comunicado que la primera audiencia se llevará a cabo el 1 de abril por el caso llamado Rochac Hernández y otros contra El Salvador.
Ese caso se relaciona con la presunta desaparición forzada de los niños José Adrián Rochac Hernández, Santos Ernesto Salinas, Manuel Antonio Bonilla Osorio, Ricardo Ayala Abarca y Emelinda Lorena Hernández, entre los años de 1980 y 1982, en el marco de un conflicto armado interno.
Según la demanda interpuesta ante la CorteIDH por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los niños desaparecieron tras la ejecución de operativos militares de la “contrainsurgencia”, y hasta la fecha no se ha determinado su paradero.
Agrega que los hechos se encuentran en la impunidad, ya que “el Estado no habría llevado a cabo una investigación seria y diligente”.
La siguiente audiencia se llevará a cabo el 2 de abril y es por el caso llamado “Pueblos Indígenas Guna de Madungandí y Emberá de Bayano y sus miembros contra Panamá”.
El caso se relaciona con “la presunta violación continuada del derecho a la propiedad colectiva” de esos pueblos indígenas “como consecuencia del presunto incumplimiento por parte del Estado del pago de indemnizaciones económicas derivadas del despojo e inundación de los territorios ancestrales”, explicó la Corte.
Además se alega que el Estado panameño presuntamente incumplió con sus obligaciones de prevenir la invasión de las tierras indígenas y la tala ilegal por parte de terceros.
La última audiencia que celebrarán los jueces es por el caso conocido como Espinoza González contra Perú, por la presunta detención ilegal, violación sexual y tortura cometida por fuerzas estatales en contra de Gladys Carol Espinoza Gonzáles, a partir del 17 de abril de 1993.
La mujer había sido acusada por las autoridades de su país de ser miembro del grupo insurgente Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y de haber participado en el secuestro de empresarios, con el fin de recaudar fondos para dicho grupo, señaló la Corte.