El singular sistema de Florida para imponer sentencias de muerte es inconstitucional porque confiere demasiado poder a los jueces —e insuficiente a los jurados— para decidir una pena capital, determinó el martes la Corte Suprema.
En el fallo, aprobado por ocho votos a favor y uno en contra, se afirmó que el procedimiento estatal de sentencias es imperfecto porque los jurados solo tienen carácter consultivo al recomendar una pena de muerte mientras que el juez puede adoptar una decisión distinta.
Debido a la decisión de la Corte Suprema, algunos de los 390 sentenciados a muerte en Florida podrían interponer apelaciones a favor de una nueva sentencia. Después de California, Florida tiene el segundo número más alto de presos en el pabellón de la muerte. Sin embargo, juristas aseguraron que el reclamo de nuevas sentencias podría aplicarse solo a los presos que no han agotado sus apelaciones iniciales.
La corte falló a favor de Timothy Lee Hurst, a quien se declaró culpable del homicidio de su supervisor ocurrido en 1998 en un restaurante de la cadena Popeyes en Pensacola. En una decisión dividida, el jurado aprobó 7-5 la pena de muerte; sin embargo, un juez impuso la pena capital.
El subprocurador general de Florida arguyó que el sistema es aceptable, porque un jurado decide primero si es aplicable la pena de muerte al acusado.
En su texto escrito en nombre de la corte, la magistrada Sonia Sotomayor dijo que "la mera recomendación (del jurado) no es suficiente".
Sotomayor señaló que la corte revocaría decisiones previas que habían confirmado el proceso de sentencias del estado. "La Sexta Enmienda prevé que un jurado, no un juez, encuentre todos los hechos necesarios para imponer una sentencia de muerte", declaró Sotomayor.
Los magistrados devolvieron el caso a la Corte Suprema de Florida para que determine si el error en la condena impuesta a Hurst era excusable, o si se le debe conceder una nueva audiencia de sentencia.
El magistrado Samuel Alito disintió al afirmar que el juez del caso en Florida simplemente realiza una función revisora que repite lo hecho por el jurado. De acuerdo con la ley en Florida, los jurados están obligados en las audiencias sobre penas capitales a sopesar los factores a favor y en contra de imponer una sentencia de muerte. Sin embargo, el juez no está obligado a esas determinaciones y puede emitir una conclusión diferente.