La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner agotó todas las instancias judiciales de apelación por el presunto encubrimiento de los autores del atentado terrorista a un centro judío de Buenos Aires en 1994 y deberá aguardar al juicio oral para probar su inocencia.
La Corte Suprema de Justicia desestimó el jueves un recurso extraordinario presentado por la defensa de la exmandataria (2007-2015) para anular el procesamiento dictado en su contra en instancias judiciales inferiores por los delitos de estorbo de un acto funcional, abuso de autoridad y encubrimiento agravado.
En 2013 Argentina firmó un acuerdo de colaboración con Irán para el esclarecimiento del ataque terrorista contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que dejó 85 víctimas y más de 300 heridos. La justicia argentina concluyó que Irán planeó el ataque y éste fue ejecutado por el grupo terrorista islámico Hezbolá. Teherán siempre negó su responsabilidad.
Si bien el pacto nunca entró en vigencia, Fernández fue procesada con prisión preventiva por el juez federal Claudio Bonadío a fines de 2017. La actual senadora opositora no fue detenida porque cuenta con fueros parlamentarios.
Posteriormente, una corte federal y la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal del país, confirmaron la resolución del magistrado. Fernández, que niega los cargos, presentó un recurso extraordinario de queja ante la Corte Suprema, que fue rechazado este jueves porque “no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal”, según el fallo que llevó la firma de sus cinco miembros.
Con todas las instancias de apelación agotadas, Fernández debe ahora enfrentar un juicio oral cuya fecha todavía no ha sido confirmada. Lo hará en libertad siempre y cuando el Senado no vote su desafuero, para lo cual se necesita el voto de los dos tercios del cuerpo. Esto parece poco probable justo cuando se especula con una eventual candidatura de la expresidenta para las elecciones generales de octubre.
La causa judicial contra Fernández por supuesto encubrimiento del atentado fue iniciada en enero de 2015 por el fiscal federal Alberto Nisman, quien fue hallado muerto en su apartamento pocos días antes de presentarse ese mismo mes ante el Congreso para dar detalles de su acusación contra la entonces presidenta.
Según el fiscal, el pacto con Irán tenía por objetivo oculto dar de baja las alertas rojas de Interpol contra ciudadanos de esa nacionalidad señalados como los autores del atentado contra AMIA en una maniobra que tenía como contrapartida habilitar el intercambio de granos y petróleo entre ambas naciones.
En su defensa, la exmandataria ha dicho que el acuerdo era la única vía para reactivar la investigación del ataque contra AMIA, que está paralizada desde hace más de dos décadas y por la que no hay detenidos ni condenados.
