El área de derechos humanos de la Procuraduría General de la República de México (PGR, fiscalía) quedó acéfala tras la renuncia de Eliana García, en un momento clave para una institución que ha sido blanco de críticas por su actuación en el caso de los 43 jóvenes desaparecidos hace casi ocho meses.
Fuentes de la PGR confirmaron hoy a EFE que la renuncia de García como encargada de la subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad se dio por "motivos personales".
García fue designada en junio de 2014 por el entonces fiscal, Jesús Murillo, como encargada del despacho tras la salida del cargo de Ricardo García Cervantes, y el 23 de marzo fue confirmada en dicha posición por la nueva procuradora, Arely Gómez.
El nombramiento en 2014 fue elogiado por varias organizaciones civiles, que lo consideraron una oportunidad para fortalecer el respeto a los derechos humanos en la aplicación de la justicia.
García "tiene un reconocido prestigio, conocimiento y experiencia profesional que la hacen una persona idónea para ocupar el puesto" y su trayectoria "muestra su indeclinable compromiso" con el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, señalaron entonces.
Su extensa trayectoria legislativa, apuntaron las ONG, fue clave para el fortalecimiento de un marco jurídico adecuado para la defensa de los derechos humanos en México.
Su salida de la fiscalía deja, por ahora, en el limbo dos tareas fundamentales: la elaboración de una base de datos de personas no localizadas y la comunicación con los familiares de los desaparecidos.
Entre ellos está el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural del Ayotzinapa que desaparecieron el 26 de septiembre pasado en Iguala (Guerrero) a manos de policías corruptos y miembros del crimen organizado.
Dicho caso despertó una gran indignación a nivel nacional e internacional y evidenció el drama de los desaparecidos en México, que suman unos 23 mil, según cifras oficiales, así como la colaboración entre autoridades y los cárteles de las drogas.
La investigación de la PGR ha sido cuestionada por los padres de las víctimas y por organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyos expertos han pedido que continúe la búsqueda de los jóvenes y denunciado torturas a los detenidos.
Según la versión oficial, policías de Iguala detuvieron a los 43 jóvenes y los entregaron a miembros del cartel Guerreros Unidos, quienes supuestamente los asesinaron e incineraron sus cenizas en un basurero.