Una comisión parlamentaria que investiga el escándalo de corrupción en la estatal brasileña Petrobras acordó este viernes convocar para declarar al presidente del instituto fundado por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La decisión de convocar a Paulo Okamotto, quien dirige el órgano de investigaciones políticas fundado por Lula, fue tomada en razón de informaciones publicadas por la prensa local, según las cuales ese instituto recibió millonarias donaciones de una empresa implicada en las corruptelas en Petrobras.
Según el diario Folha de Sao Paulo, el Instituto Lula recibió tres millones de dólares (unos 977 mil 100 dólares) de la constructora Camargo Correa, una de las que supuestamente obtenÍa contratos amañados y con sobreprecios con Petrobras, a fin de dividir luego la diferencia con dirigentes polÍticos y directores de la petrolera.
Tanto el Instituto Lula como Camargo Correa han negado que haya irregularidades en esas donaciones, sobre las que afirmaron que han sido debidamente registradas ante las autoridades tributarias.
Según Camargo Correa, se trató de donaciones referidas a "apoyo institucional" para el funcionamiento del instituto y "patrocinio de conferencias" dictadas por el expresidente en el exterior.
Sin embargo, en opinión del diputado Carlos Sampaio, del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), el Instituto Lula debe explicar el caso, pues en la investigación sobre Petrobras se sospecha que las empresas privadas implicadas en la trama pagaban a los políticos mediante donaciones hechas con una fachada legal.
La comisión no definió la fecha en que deberá comparecer Paulo Okamotto en su condición de presidente del Instituto Lula, aunque indicó que será negociada en los próximos días.
El escándalo en Petrobras se investiga desde hace más de un año e implica a una veintena de importantes empresas y a medio centenar de polÍticos, en su gran mayoría de la base que apoya al Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff.
Según ha reconocido la propia petrolera, la red de corrupción operó al menos durante la última década y se apropió en forma ilegal de unos 6 mil 200 millones de reales (2 mil millones de dólares).