El presidente Donald Trump rechazó el lunes que su decreto de inmigración haya causado el caos ocurrido el fin de semana en los aeropuertos de Estados Unidos, afirmando que obedeció a fallas informáticas, manifestaciones y hasta las "lágrimas del senador Schumer".
Después, el mandatario se apartó totalmente del interés sobre la agitación del fin de semana relacionada con la inmigración y firmó una orden ejecutiva dirigida a reducir las normativas a los pequeños negocios.
Los funcionarios de la Casa Blanca se refirieron al decreto presidencial como el plan "una sí, dos no" que prevé que las agencias gubernamentales que han solicitado una nueva normativa identifiquen dos disposiciones que eliminarían.
Trump, que firmó la orden en la Oficina Oval rodeado de líderes de pequeños negocios, dijo que la medida reducirá disposiciones "a gran escala" y la describió como la "medida más grande de su tipo que haya conocido nuestro país".
La orden ejecutiva de Trump a favor de los pequeños negocios fue anunciada mientras continuaban las protestas en el país debido al decreto que firmó el mandatario sobre inmigración.
El lunes por la mañana, Trump defendió en Twitter su medida sobre los inmigrantes e informó que solo 109 de 325 mil personas "fueron detenidas y llevadas para interrogatorio".
Only 109 people out of 325,000 were detained and held for questioning. Big problems at airports were caused by Delta computer outage,.....
Only 109 people out of 325,000 were detained and held for questioning. Big problems at airports were caused by Delta computer outage,.....
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 30, 2017
Trump también informó que una acción rápida era importante y señaló que todavía "andan sueltos por ahí muchos 'tipos' malos".
Con su decreto, Trump suspendió temporalmente, durante 90 días, la llegada de inmigrantes de siete países predominantemente islámicos. Los principales colaboradores de Trump también defendieron la medida y la compararon con la política de 2011 sobre refugiados iraquíes del anterior gobierno.
En 2011, el presidente Barack Obama impuso revisiones adicionales a los refugiados iraquíes después de que dos de ellos fueran acusados de delitos de terrorismo en Kentucky.