El estado de Río de Janeiro se comprometió a mejorar la seguridad pública como parte de los preparativos para los juegos olímpicos, pero no ha hecho lo suficiente para abordar las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por policías, que representan un obstáculo central para lograr una fuerza policial más eficaz, señaló Human Rights Watch en un informe difundido este jueves 7 de julio.
El informe de 109 páginas, que lleva el título “‘Los policías buenos tienen miedo’: El impacto de la violencia policial en Río de Janeiro”, documenta cómo el uso ilegal de la fuerza letal por parte de policías ha mellado las ambiciosas acciones del estado para mejorar la seguridad pública.
Agentes de la policía de Río de Janeiro han matado a más de 8 mil personas durante la última década, incluidas al menos 645 en 2015. Si bien es muy probable que muchas de esas muertes hayan sido resultado del uso legítimo de la fuerza, muchas otras fueron ejecuciones extrajudiciales, según Human Rights Watch.
“La criminalidad violenta es un problema muy real en Río de Janeiro, sin embargo, ejecutar a presuntos delincuentes no es la solución”, observó Maria Laura Canineu, directora para Brasil de Human Rights Watch. “Estas ejecuciones provocan que las comunidades se vuelvan en contra de la Policía y empeoran la seguridad de todos”.
Human Rights Watch entrevistó a más de 30 policías de Río de Janeiro, incluidos varios que hablaron sobre sus experiencias con el uso de la fuerza letal, y dos que admitieron haber participado de manera directa en ejecuciones.
Un policía relató un operativo en el cual otro agente ejecutó a un presunto miembro de una pandilla de narcotraficantes, mientras yacía herido en el suelo. Otro se refirió a un operativo que tuvo por objeto matar a presuntos miembros de pandillas, en vez de detenerlos.
Los policías afirmaron que no estaban dispuestos a denunciar los crímenes de sus colegas, por temor a ser asesinados también ellos. “No dudarían ni un milisegundo antes de matarme a mí o a mi familia”, aseveró uno de ellos.
Human Rights Watch comprobó que los policías que participan en ejecuciones extrajudiciales procuran sistemáticamente encubrir su actuación delictiva. Es habitual que miembros de la policía amenacen a testigos, coloquen armas o drogas a sus víctimas, y retiren sus cuerpos del lugar de los hechos para trasladarlos a hospitales, alegando que intentaban “salvar” a estas personas.
Human Rights Watch encontró evidencias creíbles de 64 casos en los cuales policías habían intentado encubrir el uso ilegal de la fuerza letal. Estos casos son una manifestación de un problema mucho más amplio, conforme señalan funcionarios de justicia locales, quienes indicaron a Human Rights Watch que muchos de los “enfrentamientos armados” que la policía registró durante los últimos años fueron, en realidad, ejecuciones extrajudiciales. Y hay datos oficiales gubernamentales que validan esta conclusión.
Durante los supuestos “enfrentamientos armados” que se informaron entre 2013 y 2015, la cantidad de personas muertas por acción de policías de Río fue cinco veces superior a la de personas heridas, es decir, una proporción que implica el contrario de lo esperable.
En 2015, policías de Río de Janeiro mataron a 24.8 personas por cada policía que murió en servicio, lo cual representa más del doble del promedio registrado en Sudáfrica y el triple del correspondiente a Estados Unidos.
