BOGOTÁ, Colombia. (EFE).- El embajador de Estados Unidos en Colombia, Michael McKinley, exigió este sábado que las FARC liberen “lo más pronto posible” al militar jubilado estadounidense Kevin Scott Sutay, quien, aclaró, se encontraba en el país como turista cuando fue secuestrado el pasado 20 de junio.
“Hacemos la exigencia de que lo liberen lo más pronto posible”, dijo el diplomático a periodistas durante los festejos del 203 aniversario de la Independencia de Colombia, al especificar que Sutay “es un ciudadano privado que nada tiene que ver con el conflicto”.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) informaron el viernes en un comunicado de que el pasado 20 de junio hicieron cautivo a este ciudadano estadounidense, y ofrecieron su entrega como un “gesto” en el marco de sus negociaciones de paz en La Habana con el Gobierno.
Según los datos aportados por las FARC, Sutay es oriundo de Nueva York, venía de viajar por México, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Panamá y había servido en la Armada estadounidense entre 2009 y marzo de 2013, tiempo durante el que combatió como experto en explosivos en la guerra de Afganistán.
La guerrilla colombiana apuntó que en el departamento en el que fue tomado, el selvático y sureño Guaviare, se encuentra la “sede de la base militar del Barrancón, donde es conocida de tiempo atrás la presencia de militares norteamericanos”.
Pero el embajador McKinley insistió: “Es un marino ya jubilado de nuestras Fuerzas Armadas y lo que tengo entendido es que emprendía un viaje de ciudadano privado a través de América Latina”, lo que le aleja de “la misión militar (estadounidense) dentro de Colombia”.
“Nos enteramos, como el resto de Colombia, ayer a través del comunicado de las FARC. Estamos investigando las circunstancias en las que ocurrió el secuestro”, agregó.
Para la liberación, las FARC pidieron conformar una comisión humanitaria de la que hicieran parte el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la exsenadora Piedad Córdoba, que ha prestado su mediación en una treintena de procesos, y un delegado de la organización católica laica Comunidad de San Egidio.
Córdoba ya ha confirmado su disponibilidad para iniciar el proceso cuando el CICR la convoque.