El fiscal argentino Alberto Nisman será enterrado este jueves mientras las dudas en torno a su muerte el 18 de enero dividen al país, entre quienes lo consideran una víctima del gobierno y quienes creen que su deceso es parte de un complot desestabilizador.
La muerte de este judío argentino de 51 años golpeó al país, sobre todo porque cuatro días antes había acusado a la presidenta, Cristina Kirchner, de confabular para encubrir a imputados iraníes por el atentado contra la mutual judía AMIA en 1994 que dejó 85 muertos y 300 heridos.
El 19 de enero se lo esperaba con revuelo mediático en el Congreso donde iba a explicar su denuncia, pero su muerte la víspera desencadenó las suspicacias y especulaciones.
La dirigencia de la comunidad judía argentina, la más grande de América Latina con 300 mil integrantes, mantendrá este jueves cerradas sus instituciones al no lograr su reclamo de que se declare duelo nacional el día del entierro en el cementerio judío de La Tablada (20 km al oeste de Buenos Aires). “La democracia está de luto y exige que se aclare cómo murió el fiscal Nisman”, declaró Julio Schlosser, presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), al inicio del velatorio que se prolongó durante la noche del miércoles al jueves reservado a familiares y amigos. De todos modos, algunos funcionarios, dirigentes de la colectividad, diplomáticos y políticos se acercaron a dar sus condolencias, entre ellos el embajador de Estados Unidos, Noah Mamet, llegado recientemente a Argentina. Cables diplomáticos revelados por WikiLeaks en 2010 sacaron a la luz lazos del fiscal con Washington, y sus asiduas visitas a la embajada. Decenas de personas se acercaron a la sala funeraria en Belgrano, un barrio de clase media en Buenos Aires, para expresar su respaldo al fiscal, transformado en héroe o mártir de la justicia por los opositores al gobierno. “Justicia, justicia”, gritaban los presentes apostados a unos cien metros de la funeraria, donde se prendieron velas frente a las vallas de la policía que cerraron la calle. “Todos somos Nisman”, “Tristeza nacional”, se leía en carteles, que también responsabilizaban a la presidenta Kirchner por la muerte del fiscal. Designado en 2004 durante el mandato del entonces presidente Néstor Kirchner (2003/2007) a cargo de una fiscalía especial para esclarecer el atentado, Nisman ya trabajaba en el caso años antes y siempre se inclinó por la pista iraní como coautores del atentado de 1994, el mayor en la historia argentina. En noviembre de 2006 acusó a Teherán de planear el ataque y al grupo armado libanés Hezbolá de llevar a cabo la explosión, y pidió la captura de varios exaltos funcionarios iraníes. Cercano al fiscal, en la causa AMIA colaboraba Antonio Stiuso, alias 'Jaime', exdirector de operaciones de la Secretaría de Inteligencia (SI) desplazado en diciembre pasado. Las acusaciones de Nisman eran de alto impacto, como cuando en 2013 denunció inflitración iraní en América Latina. Pero sus acusaciones se basaban casi exclusivamente en escuchas de teléfonos intervenidos, como ocurrió con su última demanda que involucra a Kirchner y que fue considerada como “endeble” por varios juristas.